Admitido el recurso de Prodeni en el proceso por la supuesta entrega de los inmigrantes a Marruecos.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla ha decidido abrir diligencias en el caso de Ibrahim Sare y Mohamed Camara, los dos jóvenes de Burkina Faso y Guinea Conakry que en noviembre de 2012 fueron supuestamente expulsados de Melilla hacia Marruecos por agentes de la Guardia Civil cuando eran menores de edad y que, posteriormente, han conseguido entrar en la ciudad de distinta forma. Ambos se encontraban en el momento de los hechos acogidos en el centro La Purísima y tutelados por la Ciudad a través de sus servicio de Asuntos Sociales, lo que motivó la actuación urgente del Defensor del Pueblo y la interposición de dos denuncias por parte de varias ONG.
Una de ellas, la Asociación Pro Defensa de la Infancia (Prodein), confirmaba ayer a ‘El Faro’ a través de su presidente, José Palazón, que el juez ha admitido el recurso presentado contra el archivo del caso, lo que en la práctica supone que la autoridad judicial iniciará una investigación para intentar esclarecer qué ocurrió realmente aquel día y si, como insisten las ONGs, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son constitutivas de los delitos de vulneración de la Ley del Menor, detención ilegal y abandono de menores.
“Presentamos una denuncia en los juzgados cuando tuvimos conocimiento de la primera expulsión de los menores porque creíamos que había pruebas claras de la vulneración de la ley, pero la Fiscalía decidió archivarla. Luego presentamos una segunda en el Juzgado de Guardia a instancias de uno de los propios menores desde Marruecos, que también intentó archivarse, pero el juez ha estimado el recurso y ha vuelto a abrir el caso”, detallaba ayer Palazón. A partir de ahora, Prodein se “personará en la causa la próxima semana”, como también hará Andalucía Acoge, la otra organización que apoyó la denuncia.
Una historia de ocho meses
El caso de Ibrahim Sare y Mohamed Camara se remonta al 14 de noviembre de 2012. Por entonces, con 14 y 17 años respectivamente, vivían en el Centro de Menores La Purísima, donde estaban tutelados por la Consejería de Bienestar Social desde su entrada de forma irregular en Melilla un año antes, en el caso del primero, y ocho meses en el del segundo. El mayor estudiaba Jardinería en el Granja Gloria Fuertes y el menor cursaba ESO en un centro público. Todo se torció ese día cuando, siempre según su relato, decidieron acercarse al CETI porque, dicen, querían saludar a unos amigos y salir durante unas horas de su centro, en el que aseguran que se sucedían las reyertas entre marroquíes. Siguiendo ese relato, uno de los vigilantes habría avisado a la Guardia Civil y un “inspector” los habría trasladado en un vehículo hasta la frontera y entregado a militares marroquíes, desoyendo las explicaciones de los jóvenes, que insistían en que vivían en La Purísima desde hacía meses.
A partir de ahí, todo se vuelve difuso. Los menores, en su relato, confirman que escaparon y se refugiaron en las proximidades del Gurugú, esperando la oportunidad de regresar a Melilla. Las ONG descubrieron el caso y presentaron la primera denuncia, que motivó la actuación del Defensor del Pueblo y el reconocimiento, por parte de la Policía Nacional, de que se estaban realizando gestiones para localizarlos. Las ONGs presentaron una denuncia que acabó archivada.
La historia continúa. Ibrahim Sare logró entrar de nuevo en Melilla a bordo de una patera en diciembre y desde entonces ha pasado por La Purísima y el CETI. Mohamed Camara lo intentó en marzo, pero su embarcación fue interceptada en alta mar y devuelto por segunda vez a Marruecos, pese a exponer de nuevo su caso a los agentes de la Guardia Civil que les cerraron el paso. Desde Marruecos contactó con las ONGs, que presentaron la segunda denuncia, la que ahora abre la investigación. Camara también está ya en Melilla: viajaba en la patera que llegó a la playa de Los Cárabos el 4 de julio.
"Fue un delito y una barbaridad”
José Palazón no duda en tachar de “barbaridad” el caso de los dos menores africanos. Aunque prefiere ser prudente porque la organización que preside tendrá que personarse ahora como parte activa en el caso, insiste en que “está claro, por todas las pruebas, que con la expulsión cometieron un delito, aunque tendrá que determinarlo un juez”. Además, recuerda que no se trata del primero caso : “Se están saltando a la torera las leyes de menores y de extranjería".
