Entre ellos se encuentra el de prevaricación, tráfico de infuencias y delito electoral en los comicios de 2008. A Escobar, Arana y Mansilla se les imputan tres delitos en la trama del ‘voto por correo’.
El juez instructor del caso ‘voto por correo’ dio la semana pasada por finalizada la investigación del caso del ‘voto por correo’ en las Elecciones Generales de 2008, tal y como El Faro publicó en su edición del pasado día 6. Los máximos responsables entonces del PSOE y Coalición por Melilla (CpM), Dionisio Muñoz y Mustafa Aberchán, respectivamente, están imputados cada uno por siete delitos, según el auto judicial al que ha tenido acceso El Faro. Están considerados como los principales implicados en la trama en la que supuestamente se ofrecieron puestos de trabajo en los Planes de Empleo a cambio del voto para la candidatura electoral conjunta de socialistas y cepemistas.
Al ex secretario general del PSOE de Melilla y al presidente de CpM se les imputan los mismos cargos: Un delito electoral continuado, un delito continuado de falsedad, de descubrimiento y revelación de secretos o de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, de falsedad documental, de prevaricación, de tráfico de influencias y de asociación ilícita.
El resto de imputados
De los 30 imputados que se relacionan en el auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado, únicamente a 23 se les acusa de un delito electoral continuado. En su mayoría son afiliados y simpatizantes de ambas formaciones políticas y a todos ellos se les imputan los mismos delitos, según su implicación en la trama, tal y como adelantó este diario la pasada semana. Entre ellos se encuentran los dos testigos principales del caso que le permitieron al juez instructor iniciar una investigación de tres años de duración: Nordin Abel–Lah e Ikram Aanan.
El responsable provincial de Correos, Juan José Redondo, es otro de los imputados por el juez instructor de un delito electoral continuado, de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos o de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, de un delito continuado de falsedad documental y de un delito de asociación ilícita.
Al actual secretario general del PSOE de Melilla y ex delegado del Gobierno en la ciudad, Gregorio Escobar, se le imputan tres delitos: uno continuado de prevaricación, otro continuado de tráfico de influencias y de otro de asociación ilícita. De los mismos delitos se imputan al entonces responsable territorial del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), Joaquín Arana, y la responsable de la extinta Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD), Ana Mansilla.
Sobreseimiento libre
En el mismo auto, que el instructor ha comunicado ya a Fiscalía, acusación y defensas, se acuerda el sobreseimiento libre de las piezas de investigación separadas que se iniciaron durante la investigación.
El juez retira la imputación de delitos de falsedad, prevaricación y tráfico de influencias a Mustafa Aberchán y Dionisio Muñoz, de una de las líneas de investigación, que no de la principal.
Por otra parte, a estos dos últimos y a Escobar, Mansilla y Arana también se les exime de la imputación de delitos de malversación de caudales públicos y fraudes de otra de las líneas de investigación del proceso de instrucción.
El juicio podría celebrarse en verano de 2014
Una vez emitido el auto de transformación en procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción del caso del ‘voto por correo’, se inicia ahora el trámite judicial que finalizará con la celebración del juicio. Fuentes cercanas a la investigación explicaron a El Faro que en febrero del próximo año el caso podría pasar al Juzgado de lo Penal, que será el encargado de señalar el día del juicio, que podría ser en verano de 2014. Será compleja la elección de una fecha determinada dada la cantidad de imputados en el caso así como de los numerosos testigos. Será un juicio de varios días y necesitará de un espacio adecuado para albergar a los numerosos imputados, letrados de la defensa, acusación y Ministerio Fiscal así como al público que pueda asistir dada la relevancia mediática de este caso.
Son 30 personas imputadas en la presunta trama, cada una de ellas en alguna fase del entramado. Durante la investigación se tomó declaración a 655 testigos, de los que 170 serán citados por las partes, aunque finalmente en el juicio es posible que declaren entre 90 y 100, según las mismas fuentes.
A través de todos los testimonios se expondrá cómo supuestamente se organizó una trama de compra de votos bajo la promesa de un puesto de trabajo en los Planes de Empleo de la Delegación del Gobierno en Melilla en las elecciones generales de 2008.
Mientras tanto, el auto del juez instructor puede ser recurrido por las partes, pero una vez que sea firme, la Fiscalía y la acusación deberán redactar su escrito de calificación y tipificación de los hechos constitutivos de delito. En ambos documentos se incluirán las peticiones iniciales de penas para cada imputado.
Una vez concluido este proceso el juez instructor emitirá el auto de juicio oral en el que los ahora imputados pasarán a ser acusados.
