El juez-decano de Melilla, Fernando Germán Portillo, ha suscrito este viernes un manifiesto contra el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez en fecha aún por determinar. Ello, después de conocer el contenido del comunicado publicado en la tarde del jueves por las principales asociaciones judiciales, (Asociación Profesional para la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente). En definitiva, el decano se adhiere, junto a muchos más de distintos partidos judiciales, al contenido del citado escrito.
"Mostramos igualmente nuestro rechazo por las referencias al “lawfare o judicialización de la política” y sus consecuencias, especifica el manifiesto de referencia.
Como se indica en el comunicado, “el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Según los jueces-decano, esa situación "podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".
En ese sentido, dejan claro que los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, "puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución". "Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", finaliza.
Los jueces son uno de los colectivos más afectados por las consecuencias del acuerdo entre los socialistas y los independentistas de Puigdemont. De ahí que se haya dado una unidad de acción para manifestarse en contra del pacto alcanzado para la investidura de Sánchez.
Lo cual le inhabilita legalmente para participar en ninguna causa relacionada con el asunto.