El Ingesa ha dejado de ser el organismo técnico que debía gestionar la sanidad en Melilla para convertirse en un actor más dentro del ruido político. Lo que debería ser una institución al servicio de los ciudadanos ha optado por situarse en la trinchera partidista, comprometiendo su neutralidad y dañando su credibilidad pública de manera evidente y sostenida en el tiempo.
El último ejemplo es su comunicado contra la senadora Isabel Moreno, a la que acusa directamente de “mentir”. No se trata de una aclaración técnica ni de una respuesta institucional basada en datos verificables, sino de un ataque directo. Un organismo público entrando en el cuerpo a cuerpo político con una representante elegida democráticamente por los melillenses.
La gravedad no está solo en el contenido, sino también en las formas. Nadie firma el comunicado. Nadie da la cara. Nadie asume la responsabilidad de unas palabras que no deberían salir de una institución de este tipo. Sin embargo, sí se utiliza el nombre del Ingesa en su conjunto, arrastrando a todo el organismo a una polémica innecesaria y claramente evitable.
Este comportamiento refleja una preocupante pérdida de independencia. Cuando los gestores públicos actúan como portavoces políticos, dejan de ser percibidos como técnicos al servicio del interés general. Y en un ámbito como la sanidad, donde la confianza resulta esencial, esa deriva tiene consecuencias directas en la percepción ciudadana y en la credibilidad institucional.
Además, resulta difícil ignorar el contraste entre esta actitud y la realidad sanitaria. Mientras los ciudadanos esperan soluciones, mejoras y una gestión eficaz, el Ingesa dedica esfuerzos a responder a una senadora. No para aportar información útil, sino para desacreditarla públicamente en un tono impropio de una institución que debería mantenerse al margen del enfrentamiento político.
El problema de fondo es claro. No molesta la crítica en sí, sino quién la realiza. Y cuando una institución responde en esos términos, evidencia que ha abandonado su papel neutral para alinearse con una posición política concreta, alejándose de su función principal de servicio público y atención sanitaria.
Debería tomar nota la ministra García de lo que hacen sus amigos en Ingesa, aunque, conociéndola, lo más lógico será pensar que los ha jaleado con vítores y aplausos mientras quizás estaba firmando algún otro contrato más con la Clínica Quirón, a la que tanto detesta cuando es Ayuso la que lo promueve para aumentar la calidad de la ya de por sí envidiable sanidad madrileña
Lo ocurrido no es un hecho aislado, sino un síntoma de una tendencia más amplia. La progresiva politización de organismos públicos que deberían mantenerse al margen de cualquier confrontación partidista. Cuando eso sucede, las instituciones pierden su esencia y se convierten en herramientas al servicio del poder político de turno.
El Ingesa haría bien en reflexionar sobre el camino emprendido. Su función no es participar en debates políticos ni desacreditar a representantes públicos. Su función es gestionar la sanidad, atender a los ciudadanos y mejorar los servicios con profesionalidad, rigor y transparencia en cada una de sus actuaciones diarias.
Porque cuando un organismo público cruza esa línea, deja de ser útil para todos y pasa a ser útil solo para algunos. Y ese es un lujo que una ciudad como Melilla no puede permitirse bajo ningún concepto en un ámbito tan sensible como el sanitario y asistencial.
En definitiva, lo sucedido confirma una percepción cada vez más extendida: el Ingesa ha dejado de ser un ente puramente gestor para convertirse en otro órgano político más. Y en ese proceso, lo que está en juego no es solo su reputación, sino la confianza de toda una ciudad en sus instituciones públicas.
