El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha acusado directamente a la diputada del Partido Popular y vicesecretaria de Sanidad y Políticas Sociales, Carmen Fúnez, de haber pronunciado afirmaciones falsas en sede parlamentaria sobre la situación de la sanidad pública en Melilla. En un comunicado oficial, el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad califica de “mentiras” varias de las declaraciones de la diputada y se ve, dice, “obligado a desmentirlas”, ofreciendo cifras y explicaciones concretas sobre la actividad sanitaria en la ciudad.
Fúnez intervino recientemente en el Congreso de los Diputados para denunciar que en Melilla “no se han hecho cribados de cáncer de mama, colon y útero desde hace tres años” y que “a dos oftalmólogos les van haciendo contratos mes a mes”. Estas declaraciones formaban parte de una crítica más amplia al Ministerio de Sanidad, al que acusó de “jugar con la salud de todos” y de priorizar la campaña política sobre la gestión sanitaria, según recogió El Faro de Melilla.
La respuesta de Ingesa no se ha hecho esperar. El comunicado expone datos concretos que, según afirma, desmontan completamente las acusaciones. En relación con los cribados de cáncer, el organismo explica que ha realizado 3.337 mamografías durante 2023 y 2024, a las que se suman otras 1.804 realizadas hasta octubre de 2025. De estas últimas, 1.486 se realizaron específicamente como pruebas de detección precoz. También se llevaron a cabo 4.400 pruebas de sangre oculta en heces para la detección de cáncer de colon en los dos últimos años y 3.053 hasta junio de 2025. Respecto al cáncer de cuello uterino, se han realizado 2.238 pruebas diagnósticas en 2023 y 2024, y 1.067 más entre enero y octubre del presente año.
El Ingesa insiste en que la organización de los cribados poblacionales preventivos no es competencia suya, sino del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. A pesar de ello, sostiene que ha cumplido con su responsabilidad asistencial y que ha continuado realizando las pruebas diagnósticas necesarias. De las más de 3.000 pruebas de sangre oculta realizadas en 2025, apenas 72 fueron solicitadas por la Consejería de Política Social y Salud Pública de la ciudad, lo que, según el organismo estatal, refleja una “falta de implicación” del Ejecutivo local en esta tarea.
Sobre la situación del servicio de Oftalmología, el Ingesa rechaza que existan contrataciones precarias. Explica que la plantilla estructural del área está compuesta por cuatro oftalmólogos con plaza en propiedad, lo que cubre al 100% las necesidades del servicio. A esa plantilla se suman dos especialistas más con nombramientos temporales: uno por ejecución de un programa asistencial y otro por acumulación de tareas, ambas figuras legales y de duración limitada. Subraya que no se trata de contratos mensuales encadenados y que estos nombramientos están regulados por la normativa del empleo público.
En un tono poco habitual en los comunicados institucionales, el Ingesa insinúa que las afirmaciones de la diputada podrían haber sido hechas “desde la ignorancia”, “desinformada por sus fuentes locales” o incluso de manera intencionada como una “argucia política”. “La Administración no debe obediencia sino a la ley y a la verdad”, sostiene el texto, que concluye con un llamamiento a la responsabilidad institucional.
El organismo insta a la diputada popular a informarse “adecuadamente de la verdad de los hechos antes de lanzar bulos en sede parlamentaria” y advierte sobre las consecuencias sociales de difundir afirmaciones que considera falsas, especialmente cuando se hacen desde una tribuna pública de tanta relevancia.
Este nuevo cruce de acusaciones entre una representante del PP y un organismo estatal añade tensión al ya delicado debate sobre la calidad de la sanidad pública en Melilla. Mientras el Ingesa reivindica su gestión con cifras, desde la oposición se insiste en que la ciudadanía percibe deficiencias graves en la atención sanitaria.
