El informe del interventor no escapa del debate en el pleno a pesar de su aprobación

El pleno de este viernes se ha convocado con urgencia para aprobar los informes de control financiero de la Ciudad Autónoma de Melilla de los ejercicios de 2021 y 2022, que deben ser aprobados y enviados antes del próximo 30 de abril. Los grupos del Partido Popular, Coalición por Melilla, Partido Socialista y el Grupo Mixto han votado a favor, mientras que Vox se ha posicionado en contra. 

El informe es un documento de más de 200 páginas que refleja toda la actividad de carácter presupuestario que se hace en la Ciudad Autónoma. Va acompañado de una veintena de anexos donde se detallan aspectos de la contratación, las subvenciones o las cajas fijas, por ejemplo. A lo largo de las páginas, el interventor disecciona la actividad que realiza el Gobierno y lo remite a los organismos correspondientes con las advertencias y recomendaciones correspondientes. 

José Miguel Tasende, diputado de Vox, ha puesto de relieve la importancia de la  intervención para la “mejora imprescindible” de la Administración local. Cree que es un órgano que hace un “trabajo magnífico” al que se le debe sacar mucho más partido. 

Asimismo, ha enumerado también algunas de las recomendaciones que se hacen el informe sobre las contrataciones de la Ciudad en los ejercicios 21 y 22, como es que sería más recomendable la planificación para evitar recurrir a los contratos menores asiduamente y como estos deben usarse “poco” porque, en resumen, “hay un riesgo mayor de corrupción”. Por eso cree que “cuanto mejor aprovechemos este órgano, mejor le va a ir a la ciudad”. 

Sin embargo, el debate en este asunto lo ha protagonizado el diputado del Grupo Mixto, Amín Azmani, quien ha señalado que el informe del interventor constata las irregularidades en la contratación pública que “ llevamos sufriendo desde hace muchísimos años”. 

“Somos una Administración totalmente reincidente, ejercicio tras ejercicio”, opina Azmani, quien cree que en todos estos años no se han tomado medidas correctoras ni se han tenido en cuenta las advertencias “preocupantes” de Intervención y del Tribunal de Cuentas en cuanto a la licitación, sus plazos o la prestación de sus servicios, además del “abuso” de los contratos menores y los contratos puentes. “Estamos hablando de dinero público y, por tanto, de dinero de todos los ciudadanos”.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Daniel Conesa, ha dejado claro que el Gobierno local estudiará “atentamente” las conclusiones del informe y adoptará medidas correctoras cuando proceda. Lo hará a través de un plan de actuación que la propia ley obliga a elaborar en este tipo de casos, explica. 

“La administración de la Ciudad Autónoma, como todas las administraciones, tiene una permanente evolución y es evidente que a lo largo de los años se han ido adoptando medidas correctoras para mejorar muchas de las cuestiones  que tenían o una recomendación del Tribunal de Cuentas o una advertencia que se estaba haciendo de manera no correcta desde el punto de de vista administrativo”, ha detallado.

Aún así, ha querido recordar que el documento hace referencia a la anterior legislatura cuando gobernaba CpM con el PSOE, de ahí que “parte de ese análisis no sale bien parado, evidentemente”. Por eso, pidió a Azmani que se ciñera al periodo temporal del informe en lugar de hacer “manifestaciones de tipo genérico” como suele hacer “habitualmente” en los plenos. 

También ha aclarado que “no hay un informe del Tribunal de Cuentas de ninguna administración” en los que no “se adviertan de posibles errores o incorrecciones en la práctica administrativa de contratación, de subvenciones o de otro tipo de actuaciones” porque esa es la función del interventor.