El Defensor del Pueblo recibió el año pasado 90 quejas y solicitudes de Melilla, algo más de las 78 de Ceuta, pero que podrían ser aún más si los trámites no fueran tan farragosos para personas mayores y de escasa formación que en innumerables ocasiones se acercan hasta este periódico pidiendo ayuda para contactar la institución que dirige Ángel Gabilondo.
En muchas comunidades autónomas se ha salvado este obstáculo instaurando la figura del Defensor del Pueblo autonómico, aunque también es cierto que al calor de los recortes, durante la crisis del ladrillo, en muchos territorios se prescindió de este ente público, que no deja de ser incómodo para el poder. Sin embargo, le sobrevivieron otras instituciones dedicadas al saneamiento de aguas residuales en Murcia. En Cataluña, por ejemplo, tienen el Institut de Diagnòstic per la Imatge y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ambos dedicados a la fotografía y los medios audiovisuales.
Con esto no queremos decir que dedicar un ente público de estos es prescindible. No nos corresponde a nosotros, un periódico local de Melilla, decidir a qué debe dedicarse el dinero público en otras autonomías, pero en Melilla, desde luego, hace falta una oficina que acerque el Defensor del Pueblo a la ciudadanía porque las quejas se interponen, pero escanear la documentación para enviarla se le pone cuesta arriba a los denunciantes.
En nuestra ciudad no tenemos entes públicos, según puede comprobarse en la web del inventario que el Gobierno tiene hecho (y expuesto) en la página del Ministerio de Hacienda, aunque ya se oyen voces que reclaman la aprobación del Consejo Económico y Social, que se lleva promoviendo desde hace años sin que consiga ver la luz.
El Defensor del Pueblo dedica un amplio espacio de su informe de 2022 a los terribles acontecimientos del 24 de junio en la frontera de Barrio Chino. Sus conclusiones no emulan en contundencia a las que en 2005 hizo Enrique Múgica sobre las devoluciones en caliente en la valla de Melilla, pero las de Gabilondo retratan el interés de la Administración por aclarar lo ocurrido y por tomar medidas para que no se repita.
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