A veces los ciudadanos no llegamos a ser conscientes de la importancia que tiene el trabajo que desarrollan en Melilla los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Solo nos acordamos de ellos cuando los necesitamos por alguna razón, pero lo que obviamos casi siempre es que están ahí velando por el bien común y el cumplimiento de la normativa. Por eso es importante reseñar que gracias a su labor, más de treinta migrantes no han conseguido embarcar de forma ilegal hacia la península escondidos entre las atracciones de la Feria. Y no solo porque sería una vulneración legal sino porque incluso estas personas, en gran parte menores acogidos por la Ciudad Autónoma, podían haber sufrido daños, quien sabe si irreparables.
De ahí que sea justo reconocer públicamente su labor y animarlos a no cejar en su vocación de servicio público por muy mal que se les trate desde el Ministerio del Interior, que se niega a terminar de una vez el proceso de equiparación salarial, no permite una jubilación digna para estos funcionarios y que incluso les obliga a adelantar sus propias dietas cuando son destinados a cualquier otro lugar para prestar su colaboración. Ya en el caso de Melilla más concretamente, sufren problemas en la frontera y la Policía Nacional, en concreto, no tiene siquiera una Jefatura Superior en condiciones para albergar todas sus dependencias con un mínimo de comodidad.
Hay que citar aquí también que gracias a su empeño y profesionalidad, en el dispositivo de seguridad durante los festejos patronales, los policías consiguieron detener a un marroquí de 40 años que estaba buscado por la Interpol a petición de Marruecos desde hace cuatro años por tráfico de drogas y alentar la inmigración ilegal. Es, sin duda, otro logro en el haber del cuerpo en esta ciudad.
Es importante que aprendamos a valorar a estos empleados públicos, que no siempre merecen las críticas de las que son objeto por parte de gente que prefiere soltar toda clase de insultos e improperios por las redes pero que, en la práctica, son incapaces de denunciar por los cauces oficiales cualquier conducta que pudiera ser punible por parte de los agentes.
