El anterior Gobierno de la Ciudad Autónoma tuvo que cambiar la normativa que regía la concesión de subvenciones para poder dar dinero a la AMPA del colegio público León Solá, según consta en el procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la ciudad por presuntos delitos de "fraudes en las subvenciones, estafa agravada, falsedad documental, apropiación indebida y usurpación de identidad" y por los que fue detenido en diciembre pasado el expresidente de la citada asociación.
Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso El Faro, fue necesario que el Consejo de Gobierno procediera a modificar el Plan Estratégico de Subvenciones de la Ciudad de Melilla para el período 2020-2022, que fue publicado con fecha del 3 de abril de 2020 en el Boletón Oficial de Melilla número 11 de ese año. El cambio fue solicitado por la que fue Consejería de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana para poder conceder de forma directa subvenciones nominativas en concurrencia competitivas y detinadas a familias con mayores dificultades para su desarrollo económico y social y en riesgo de vulnerabilidad.
La AMPA del León Solá consiguió entonces los más de 62.000 euros concedidos por el área que gestionaba Mohamed Ahmed Al-Lal, un dinero que, según se afirma en la documentación expedida por los investigadores de la Policía Nacional, nunca llegó a ser justificado por la asociación, que disponía de un plazo de tres meses para ello sin que en momento alguno cumpliera con ese requisito.
Es más, entre las conclusiones a las que llegan los policías después de haber investigado cuentas bancarias y acciones llevadas a cabo por el principal implicado en la trama, se señala que "no consta gasto y pago alguno en la cuenta del AMPA que pudiesen estar relacionados con los objetivos del convenio, la adquisición de material contra el covid y la contratación del personal que impone el convenio: 2 integradores sociales, 1 conserje, 1 limpiadora, 1 auxiliar administrativo y 3 monitores/educadores".
Asimismo, consideran que las cantidades recibidas procedentes del convenio fueron utilizadas "de forma discrecional" por los investigados y "en ningún caso bajo los objetivos que el convenio establecía".
Para la policía, además, resulta "poco comprensible" que se pidiera un convenio de ese calibre económico para "paliar los efectos del covid-19" en el primer trimestre de 2023 "cuando podemos afirmar que la crisis sanitaria, tal como aconteció, estaba cuasi erradicada en el período que abarca la firma del convenio". De ahí que se llegue a inferir "que se trató de un convenio creado ad hoc por el órgano administrativo sin fundamento sostenible".
¿Y cuál es el "órgano administrativo" responsable del convenio? Los investigadores lo tienen claro: la extinta Consejería de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana. "Existen elementos y hechos sólidos que permiten acreditar el fraude cometido con la firma del convenio", señalan en su escrito.
Lo sucedido con este acuerdo no es lo único que llama la atención a los investigadores. Estos, tras analizar las distintas subvenciones a la AMPA desde consejerías distintas como Educación, Cultura, Festejos e Igualdad; Política Social, Salud Pública y Bienestar Animal; y la Familia y el Menor, consideran que existen "irregularidades" de carácter administrativo en varios de los expedientes, en los que, entre otras cosas, no se reserva el correspondiente crédito presupuestario.
Llama igualmente la atención que la subvención de Políticas Sociales de 2019 por importe de 10.200 euros no pudo ser debidamente justificada por cuanto que los ingresos en nómina de la persona contratada para llevar adelante el programa social objeto de la misma "no se corresponden con la percepción de retribuciones", según el análisis de los movimientos bancarios. Se sospecha en ese sentido que se trata de una forma de encubrir el gasto "sin actividad laboral real".
Lo cierto es que con parte de ese dinero se pagaron los trabajos de una gestoría para regularizar la situación ilegal de un marroquí, presuntamente pareja de la presuntamente contratada, que nunca estuvo dado de alta en la Seguridad Social por parte de esta AMPA pero que, sin embargo, presentó ante las autoridades de Extranjería una oferta de trabajo de esta asociación en calidad de "animador comunitario". Se da la circunstancia añadida que a ese individuo le constaban múltiples antecedentes penales contra la propiedad en territorio nacional.
Fruto de esas gestiones para conseguir su legalización en España es que logra una primera regularización y en noviembre de 2020 se le otorga la residencia familiar comunitario. Actualmente está a la espera de que se le conceda la nacionalidad española.
