El Gobierno trata de frenar el pago en amortización de deuda ante el giro dado por Sánchez

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha ordenado este miércoles poner en marcha con urgencia los trámites necesarios para frenar la amortización anticipada de 17 millones de euros de deuda pública, una operación que ya había sido aprobada por el Pleno de la Asamblea y que se encontraba en fase de exposición pública.

La decisión llega tras conocerse que el Consejo de Ministros ha aprobado la recuperación de la figura de las inversiones financieramente sostenibles, lo que permitiría a las administraciones locales emplear su superávit en inversiones públicas en lugar de destinarlo, como hasta ahora, al pago obligatorio de deuda.

Imbroda ha atribuido este cambio de criterio del Gobierno central a las presiones políticas ejercidas por Junts per Catalunya en el marco de los acuerdos de investidura. El presidente melillense se ha mostrado tajante al asegurar que “Sánchez ha rectificado solo porque Puigdemont se lo ha exigido para sus ayuntamientos”. En ese sentido, ha criticado duramente que esta flexibilización fiscal llegue exclusivamente como moneda de cambio para garantizar la estabilidad parlamentaria del presidente del Gobierno de España.

“La noticia que me llegó la tarde de este martes y es que se ha aprobado que no tengamos que anticipar el pago del superávit. Si eso es así, sería una cosa buena, pero no por justicia, sino porque se lo han pedido desde Junts”, ha declarado Imbroda.

Melilla, como otras administraciones que han cerrado el ejercicio con superávit, estaba hasta ahora obligada por el Ministerio de Hacienda a destinar ese ahorro a amortizar deuda con los bancos. En el caso de la Ciudad Autónoma, se trataba de 17 millones de euros que el Ejecutivo local ya había previsto pagar antes del 31 de diciembre. Ahora, si se confirma la rectificación anunciada por el Gobierno central, ese dinero podrá reorientarse hacia inversiones prioritarias, como infraestructuras o servicios públicos.

El presidente ha recordado que la medida de amortización anticipada ya había sido tramitada en el Pleno y estaba pendiente de los últimos días del periodo de exposición pública. “Ya teníamos todo aprobado. Pero desde ya hemos puesto a todo el equipo económico a trabajar para intentar pararlo, porque si no, esos 17 millones se van al banco”, ha advertido.

Imbroda ha insistido en que la situación era “una injusticia manifiesta”, ya que mientras a comunidades autónomas como Cataluña se les planteaba la condonación de deuda, a Melilla se le exigía cumplir con pagos anticipados que limitaban su capacidad de inversión. “Los propios bancos no quieren cobrar anticipadamente, no les interesa. Esto no tenía ningún sentido. Y, sin embargo, a nosotros nos quitaban la posibilidad de invertir ese dinero en mejoras para los melillenses”, ha lamentado.

El presidente también ha querido poner en contexto las reclamaciones que su Gobierno ha realizado en los últimos meses. Según ha dicho, las protestas por esta situación se trasladaron incluso a las Cortes Generales, pero hasta ahora no habían sido escuchadas. “Llevamos mucho tiempo denunciando esto. Ahora parece que cuando Puigdemont lo pide, sí se hace”, ha reprochado.

Cabe recordar que esta denuncia no es nueva. Tal como recogió El Faro de Melilla semanas atrás, Imbroda ya criticó públicamente que la obligación de amortizar deuda frenaba la posibilidad de ejecutar inversiones sociales y económicas clave para el desarrollo de la ciudad. Entonces, lamentó que el Gobierno central no permitiera reinvertir el superávit local pese a que existía la figura legal para ello.

En su intervención, Imbroda también adelantó que si finalmente se frena la amortización, los 17 millones de euros podrán destinarse a proyectos como la construcción de viviendas o el impulso de la reconversión económica local, dos prioridades que su Ejecutivo considera fundamentales para el crecimiento de Melilla. “Eso es lo que hay que hacer”, concluyó.