El Gobierno de España ha reiterado este viernes que el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas es una disposición legal de obligado cumplimiento, en respuesta al anuncio del Ejecutivo balear de que recurrirá la norma ante el Tribunal Supremo y pedirá su suspensión cautelar.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido ante la prensa que el reparto territorial de menores basado en criterios objetivos forma parte de una ley vigente, cuya aplicación no puede ser suspendida salvo decisión expresa de un órgano judicial competente. “Las leyes hay que cumplirlas y solo pueden suspenderse si hay una resolución judicial que así lo determine, y eso no ha ocurrido hasta la fecha”, subrayó.
Estas declaraciones se produjeron tras una reunión que Bolaños mantuvo con el presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, Manuel Villoria, en Madrid. Durante ese encuentro, el ministro confirmó que dicha institución comenzará a funcionar a partir del próximo 1 de septiembre, como parte del desarrollo normativo en materia de transparencia y buen gobierno.
Respecto al reparto de menores, el titular de Presidencia recalcó que el objetivo de este mecanismo es repartir de forma solidaria la carga que supone la llegada de menores migrantes a determinadas zonas del país, especialmente a las más expuestas a los flujos migratorios, como Canarias, Ceuta o Melilla. También mencionó que situaciones similares pueden producirse en otras regiones como Andalucía o Baleares.
“El reparto busca que ninguna comunidad autónoma tenga que asumir en solitario el sobrecoste que implica atender en condiciones de dignidad a personas, especialmente niños, que llegan a nuestro país sin acompañamiento”, señaló Bolaños. En ese sentido, recordó que España ha defendido también ante las instituciones europeas un modelo solidario de acogida y ha asumido responsabilidades similares en crisis como la de los refugiados ucranianos tras la invasión rusa.
Pese a la presentación de recursos judiciales por parte de diversas comunidades autónomas, el Ejecutivo mantiene su compromiso con la aplicación de esta medida. En marzo, diez autonomías gobernadas por el Partido Popular, junto con Castilla-La Mancha, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el mecanismo forzoso aprobado entonces por el Gobierno central. Más tarde, la Comunidad de Madrid recurrió el segundo decreto de desarrollo ante el Tribunal Supremo. Ahora, Baleares se suma a esta ofensiva judicial, mostrando su oposición a la aplicación del modelo.
No obstante, desde el Gobierno se insiste en que la ley debe cumplirse mientras no exista una resolución judicial que suspenda su aplicación. Bolaños ha manifestado su confianza en que los tribunales no frenen este mecanismo, que considera clave para asegurar una gestión migratoria equilibrada y responsable.
Además, el ministro anunció que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 26 de agosto un tercer decreto, en el que se especificarán tanto las cifras de menores que corresponderá acoger a cada comunidad como los fondos que se asignarán a cada una para financiar su atención. Este paso marcará el inicio del procedimiento efectivo de traslados, que podría comenzar la próxima semana.
En este contexto, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya habían reclamado al Partido Popular que no incurra en “insumisión institucional” frente a una norma que responde a principios de solidaridad y cooperación entre territorios. Así lo recogió recientemente El Faro de Melilla.
El Ejecutivo insiste en que la protección de los menores migrantes no acompañados no puede quedar sujeta a intereses partidistas o disputas competenciales, y recuerda que todas las administraciones están obligadas a garantizar el bienestar de los menores en situación de vulnerabilidad.
Con esta medida, el Gobierno busca establecer un sistema de responsabilidad compartida entre todas las comunidades autónomas que asegure una respuesta integral, humanitaria y legalmente coherente a un fenómeno estructural que afecta a todo el país.
Ni obligación legal ni nada, lo que tenéis que hacer ,es enviarlos a su país ,con sus familiares, aquí no tienen que estar, tienen que estar en sus casas ,