El Gobierno de España publicó este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto que declara la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, un documento que incluye varios polideportivos de la ciudad entre los espacios que podrían habilitarse para acoger a inmigrantes. El texto precisa que estas instalaciones deportivas solo se utilizarían en caso de una situación "extrema" e "improbable". El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, rechazó esa posibilidad horas después y anunció que exigirá su retirada del decreto y lo recurrirá si no se atiende su petición.
Los polideportivos mencionados en el texto son los de Santa Amelia, La Libertad y Antonio Campoamor, además de los complejos deportivos Guillermo Molina y Díaz Flor, y el polideportivo cubierto del IES Puertas del Campo, dependiente del Ministerio de Educación. El decreto añade que "la utilización, en su caso, de los recursos previstos en este anexo se ajustará a los principios del artículo 8.1 del real decreto".
El documento también recoge otras infraestructuras estatales, entre ellas los terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa en Loma Colmenar y Loma Margarita, el Hospital Militar, las instalaciones de la Hípica, la antigua fábrica de Harinas, el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería, la antigua fábrica del Guano y el Acuartelamiento Coronel Fiscer. El uso de estos últimos ya provocó una manifestación de cientos de vecinos este martes pasado, que rechazan el traslado de inmigrantes a esas zonas.
El mando único para la gestión de la crisis, Ángel Víctor Torres, aseguró que cualquier espacio que se habilite se decidirá "desde el consenso" con la Ciudad. En esa línea, se explora como alternativa el uso de las naves del polígono del Tarajal, aunque su estado requiere antes una inspección.
Vivas expresó su malestar en declaraciones a los periodistas. "A mí me van a tener que sacar de los polideportivos si los van a utilizar, a mí y a todos los que quieran venir conmigo". El presidente reprochó que la inclusión de estas instalaciones en el borrador del decreto se hiciera sin consultar previamente a la institución ceutí. Como alternativa, propuso emplear espacios alejados de los núcleos poblacionales, como el polígono del Tarajal o las zonas de Calamocarro y Benzú.
El real decreto responde a la presión ejercida sobre los servicios públicos de Ceuta tras la entrada irregular de inmigrantes registrada los días 30 y 31 de julio, y sus medidas se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre. El texto señala que la crisis ha afectado "al funcionamiento ordinario de los servicios públicos, entre ellos los sociales, de protección de menores, seguridad, transporte y gestión administrativa".
En paralelo, Vivas planteó al mando único que sea el Estado quien se haga cargo de la atención a los menores extranjeros no acompañados, cuya cifra prevista podría alcanzar los 4.000. El presidente ceutí alegó que la Ciudad "no tiene capacidad" para asumir esa acogida y reclamó el refuerzo de funcionarios de extranjería, policía, intérpretes y jueces, así como la apertura de un juzgado específico en la Audiencia Nacional para atender los casos derivados de la crisis migratoria.
