Está dispuesto a oír a la oposición siempre que las aportaciones sean “constructivas”. Rechaza las “descalificaciones brutales” realizadas por formaciones como PPL, basadas en “manipulaciones”.
El Gobierno local reaccionó ayer ante las últimas críticas contra la reforma del Reglamento Orgánico de la Asamblea (ROA) tendiendo una mano a la oposición en un debate “constructivo” con el fin de estudiar algunas de las propuestas de las tres formaciones que se sientan en la Cámara junto al PP.
Con estas palabras se expresó ayer el portavoz del Gobierno local, Daniel Conesa, al afirmar que “las propuestas que son buenas estamos en disposición de aceptarlas”. En cualquier caso, la rueda de prensa que ofreció a los medios de comunicación no fue ajena a las últimas críticas de parte del presidente del PPL, Ignacio Velázquez, pues tuvieron ayer una contundente respuesta.
En este sentido, comentó que “no es de recibo que se haga una descalificación brutal basada en falsedades y manipulaciones” y adjuntó que Velázquez no era la persona más idónea para hablar de democracia en Melilla en la medida en que estaba condenado por dos delitos de prevaricación, circunstancia que le ha llevado a estar inhabilitado para ocupar cargo público hasta el año 2017.
En cuanto al ROA, comentó que en su reforma se han seguido todos los trámites previstos y se ha presentado a los grupos de la oposición en tiempo para que éstos puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
De hecho, recordó, en respuesta al PPL, que el mes de agosto es hábil y por tanto las formaciones políticas deben trabajar, tal y como está haciendo el PP en estos momentos.
Conesa comentó que en la presentación del borrador han participado especialistas en derecho así como diversos miembros de la Asamblea y señaló que lo que se ha perseguido es corregir todos los defectos del anterior Reglamento que es del año 2004.
“El proyecto conlleva propuestas derivadas de decisiones políticas y otras técnicas”. Junto a ello, no olvidó recordar que los dos anteriores reglamentos, el del año 2004 y el del año 1994 se aprobaron por unanimidad.
Cambios polémicos
En torno a las críticas que vertió Velázquez sobre el ROA, remarcó que no es cierto lo que dice el líder de PPL, en particular en lo que respecta a la necesidad de enviar el reglamento al Consejo de Estado.
Sobre este punto comentó que en la normativa no se dice que sea obligatorio el envío del texto y adjuntó que tampoco es cierto que se haya eliminado la obligatoriedad de los informes preceptivos del secretario de la Asamblea para determinados asuntos, entre otros motivos porque sus funciones están recogidas en la ley.
Otro aspecto que generó polémica es no considerar la Asamblea como órgano supremo de la Ciudad Autónoma. Sobre ello matizó que en el estatuto de autonomía no se califica a la Asamblea de esa forma y lo que se ha hecho es simplemente utilizar las referencias que establece esta norma.
Por último, avanzó que el presidente no suspende las funciones de los diputados sino el pleno y siempre después de ser oída la persona en cuestión. Por último, comentó que “no hay restricciones al derecho de información, pues simplemente regulamos esta función”.
