Imbroda señala que “acata y respeta” la resolución del Tribunal, pero considera que “aún quedan algunos flecos por resolver” · El presidente asegura no estar preocupado por el caso, ya que “todo se hizo de manera legal y con informes técnicos sobre la mesa”.
El Gobierno autonómico recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Dos de Melilla, que obliga a la Ciudad Autónoma a “iniciar, tramitar y resolver expresamente los procedimientos administrativos tendentes a depurar las irregularidades denunciadas por el Colegio de Arquitectos” en noviembre del año 2005. El presidente del Ejecutivo local, Juan José Imbroda, señaló a los medios de comunicación que se hará “todo lo que indique la Justicia”, aunque consideró que en la resolución quedan “algunos flecos por resolver”, por lo que su Gobierno ha optado por presentar un recurso. Asimismo, subrayó que se trata de “historias muy antiguas” entre la Ciudad Autónoma y el Colegio de Arquitectos. “En la sentencia no hay una resolución tajante en lo que se nos indique que hagamos algo determinado”, subrayó el presidente de Melilla, quien aseguró que acata lo que dictamine la Justicia, aunque este caso no le preocupa “porque se actuó correctamente”. “En esta administración todo se hace de manera legal y con los informes técnicos encima de la mesa. Respetamos la sentencia, pero creemos que quedan puntos por aclarar y hemos decidido recurrir”, insistió Imbroda. En similares términos se pronunció el vicepresidente autonómico y consejero de Fomento, Miguel Marín, hace una semana sobre esta cuestión. En concreto, el número dos del Gobierno apuntó que no existía una sentencia condenatoria, sino “una resolución en la que se insta a la Ciudad Autónoma a comprobar, a nivel administrativo, los hechos denunciados por los Arquitectos”. En la resolución judicial, fechada el pasado 23 de enero, se detalla que el Colegio de Arquitectos denunció presuntas irregularidades cometidas por diversas promotoras de la ciudad autónoma. Hay que recalcar que el objeto del contencioso administrativo interpuesto por el Colegio fuer la desestimación por silencio administrativo negativo de actuar frente a dichas presuntas ilegalidades, en las que se pidió a la Consejería de Fomento que comprobara la legalidad de las obras y las edificaciones en cuestión. Las actuaciones urbanísticas denunciadas por el Colegio de Arquitectos hacen referencia a que no se detectó que se hubiera reservado suelo para ciertas obras, ni por lo tanto materializado las cesiones de equipamiento preceptivo. También se denunció una actuación al entender que en el sector donde se estaba llevando a cabo “se había superado ampliamente el aprovechamiento susceptible de apropiación indicado en el Plan General de Melilla”, alegando que no se habían detectado las cesiones de espacios libres y equipamiento primario exigidos en la Ley de Suelo y que en la zona de equipamiento primario se había construido una piscina privada. El Colegio de Arquitectos ha convocado hoy una rueda de prensa para pronunciarse sobre la sentencia, así como sobre la reciente desestimación del recurso presentado por diversos miembros de esta institución contra la contratación de un profesional de dicho colectivo laboral por parte de la Ciudad Autónoma en el año 2010.
