El consejero de Medio Ambiente y vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma de Melilla, Manuel Ángel Quevedo, declaró ayer que el Gobierno local espera que el Ministerio de Economía le permita gestionar y repartir las ayudas que el Estado destinará a los damnificados por el terremoto. “Si la Ciudad se encarga de administrar la subvención, los abonos se distrubuirán más rápido y ágil”, defendió Quevedo.
El consejero explicó que hace unos días el Ejecutivo local recibió de parte de la Administración central el borrador de protocolo. Dicho documento “ha sido estudiado por la Ciudad y esta misma mañana (por ayer) se ha mandado una nueva propuesta con una carta explicativa de algunos cambios que nos gustaría incluir”, explicó. Entre estas modificaciones, el consejero quiere que desde el Gobierno central se entiendan “las particularidades de Melilla”.
Recordó que en Melilla “hay propietarios que tienen una residencia habitual, pero no cuentan con un título”. Es por eso que, según Quevedo, la Ciudad quiere que no se exija, como hace el Real Decreto 307/2005 que regula estas ayudas, un título de propiedad de la vivienda para acceder a ellas. “Melilla tiene la circunstancia de que, en algunas zonas, hay personas que habitan en una casa de su propiedad porque la construyeron con su dinero, pero que bien porque el terreno no es suyo u otras circunstancias urbanísticas, no tienen ninguna escritura”, lamentó. Sin embargo, argumentó que estas personas “cuentan con otros datos como recibos de luz, empadronamiento u otros papeles para reconocerles como residentes habituales”.
Éste es uno de los motivos por los cuales el Gobierno local solicita ciertas modificaciones del protocolo de ayudas, “no en cuanto a las cifras, sino en cuanto a la forma en que éstas llegan a los ciudadanos”.
Primeros realojados
El consejero de Medio Ambiente informó de que algunas de las familias desalojadas tras el seísmo ya han regresado a sus inmuebles. Concretamente, siete de los 24 edificios estudiados están ya recibiendo a sus inquilinos.
Asimismo, Quevedo comentó que tres de los 17 edificios que aún permanecen desalojados “estarán listos próximamente para que las familias que los ocupaban regresen”.
Tras este próximo realojo, quedarán 13 edificios con un total de 23 familias y 83 personas que continuarán fuera de sus hogares. “Estos edificios tienen daños más graves y los técnicos no preven que puedan volver a ser habitados a corto plazo”, confesó. Algunos de estos edificios “serán declarados en ruina” según dijo el consejero, quien destacó que uno de los inmuebles situado en la calle Teniente Mejías “Aún está siendo apuntalado porque es peligroso incluso para la visita de los técnicos”.
A pesar de todo, se alegró de que pronto “la mitad” de los 160 melillenses desalojados puedan volver a sus casas. A los demás, les anunció que se estudiarán las ayudas más convenientes para cada caso, ya sean propietarios de la vivienda dañada o estuvieran en alquiler. “Estamos intentando ser muy rápidos para que el protocolo sea firmado y las ayudas lleguen a los ciudadanos cuanto antes”, concluyó.
