El Gobierno local niega irregularidades en la operación urbanística

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, situó el origen del denominado terreno de Valenzuela en un antiguo cuartel ubicado en la frontera, que según explicó existía ya en el siglo XX. En su intervención, afirmó que estos terrenos fueron adquiridos en el año 1994 por el Gobierno de la Ciudad al Ministerio de Defensa.

Según su relato, la operación de compra incluyó esos terrenos junto a otros, por los que se habría pagado una cantidad elevada de dinero, aunque evitó precisar cifras exactas, refiriéndose únicamente a “varios millones de pesetas de la época”.

Imbroda contextualizó esta operación dentro del modelo económico de Melilla en aquel momento, señalando que la economía local se basaba fundamentalmente en el comercio aduanero y la actividad fronteriza.

Subastas públicas y ausencia inicial de licitadores

El presidente explicó que, tras la adquisición de los terrenos en 1994, el Gobierno de la época inició en 1997 un proceso de subasta pública con el objetivo de impulsar la actividad económica mediante la iniciativa privada. Según su intervención, se realizaron dos subastas en las que no se presentó ningún interesado.

Posteriormente, en 1998, se habría aprobado finalmente la venta de los terrenos a una empresa que sí acudió a la licitación pública. Imbroda subrayó que este proceso fue abierto y accesible a cualquier interesado, insistiendo en su carácter “limpio” y “totalmente transparente”.

En su explicación, señaló que la única empresa que finalmente se presentó fue Nueva Melilla, a la que describió como una sociedad local que adquirió los terrenos tras el proceso de subasta.

Desarrollo urbanístico

El presidente sostuvo que, a partir de esa adjudicación, la empresa adquiriente fue la responsable de gestionar y trabajar los terrenos en el marco de convenios urbanísticos y de la normativa vigente. En su intervención, insistió en que la administración posterior no tuvo relación con empresas que aparecieron años después en el desarrollo del proyecto.

En concreto, afirmó que no existía vínculo con sociedades como Parque Murias o Dragados, que según sus palabras aparecen en versiones posteriores de los hechos, concretamente a partir de 2017.

Imbroda negó que existiera participación de estas empresas en las fases iniciales del proceso y aseguró que en los años noventa no formaban parte del contexto urbanístico ni administrativo del proyecto.

El presidente cuestionó el contenido de determinadas interpretaciones sobre el caso, rechazando que hubiera existido una licitación de proyecto urbanístico en los términos que se han señalado. Según su explicación, no existió una licitación específica de proyecto por parte de la administración en aquel momento, sino que la empresa adjudicataria encargó los proyectos técnicos a profesionales de su elección.

Imbroda insistió en que todas las actuaciones se realizaron con informes técnicos, exposiciones públicas y conforme a la legalidad urbanística vigente en cada momento.

Asimismo, defendió que el proceso incluyó mecanismos de control administrativo y jurídico, subrayando que el procedimiento fue supervisado por técnicos de la administración.

El presidente explicó que la Ciudad Autónoma obtuvo un 10% de aprovechamiento urbanístico en el desarrollo del proyecto, además de otras compensaciones económicas. Según relató, este porcentaje fue objeto de reclamaciones judiciales por parte de terceros, lo que llevó al Gobierno a acudir a los tribunales, donde finalmente se habría reconocido dicho derecho.

Imbroda utilizó este argumento para reforzar la idea de que la administración defendió sus intereses legales en el proceso urbanístico y que actuó conforme a derecho en todo momento.

Cuestionamiento de las acusaciones de fraude fiscal

Imbroda también se refirió a las acusaciones relacionadas con un supuesto fraude fiscal vinculado al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI). Según su intervención, se habrían manejado cifras que oscilan entre los 7 u 8 millones de euros, aunque cuestionó la falta de precisión en esas estimaciones.

Posteriormente, afirmó que los informes técnicos más recientes reducirían la cantidad reclamada a unos 202.000 euros, señalando una discrepancia significativa entre las distintas valoraciones.

Imbroda criticó la falta de rigor en las cifras manejadas públicamente y cuestionó la coherencia de las estimaciones económicas asociadas al expediente.

El presidente dedicó parte de su intervención a explicar el funcionamiento de la autoliquidación tributaria, señalando que es el propio contribuyente quien declara sus impuestos. En este contexto, argumentó que la responsabilidad de la declaración fiscal no recae directamente en los cargos políticos.

Asimismo, defendió la actuación de los técnicos de la administración, asegurando que actuaron a partir de una denuncia anónima y elaboraron informes que posteriormente fueron remitidos al juzgado en 2022.

Imbroda insistió en que estos técnicos actuaron conforme a criterios profesionales, legales y éticos, y que su intervención fue clave en la tramitación del expediente.

Críticas al contenido de la investigación

El presidente volvió a cuestionar las cifras asociadas al expediente, señalando contradicciones entre las cantidades iniciales y las estimaciones finales. Según su intervención, se llegó a hablar de importes de hasta 8 o 9 millones de euros, mientras que otras valoraciones reducirían significativamente esa cifra.

También planteó hipótesis sobre el cálculo del supuesto perjuicio económico, vinculándolo a porcentajes de valor de proyectos urbanísticos y cuestionando la base de dichos cálculos.

Imbroda insistió en que las estimaciones no son consistentes y que la interpretación de los hechos no se ajusta, según su opinión, a la realidad de los expedientes administrativos.

El presidente señaló que el expediente urbanístico ha atravesado distintas etapas políticas y administrativas, pasando por varios gobiernos y diferentes responsables institucionales a lo largo de los años. Según su intervención, en el proceso han intervenido múltiples presidentes y formaciones políticas en la Ciudad Autónoma.

Imbroda utilizó este argumento para reforzar la idea de continuidad administrativa del expediente, subrayando que no se trata de una actuación aislada de un único gobierno.

En definitiva,  Juan José Imbroda defendió que el proceso urbanístico relacionado con los terrenos de Valenzuela se ha desarrollado dentro de la legalidad y con supervisión técnica y administrativa en todas sus fases.

Rechazó que existan irregularidades estructurales en la operación y cuestionó las interpretaciones que apuntan a posibles delitos o manipulaciones del proceso.

Asimismo, insistió en que la documentación y los expedientes disponibles demuestran, según su versión, la transparencia del procedimiento, y concluyó defendiendo la actuación del Gobierno de la Ciudad Autónoma en todo el desarrollo del proyecto urbanístico.