El Gobierno de Melilla ha confirmado que abrirá una investigación “exhaustiva” sobre los hechos ocurridos el pasado lunes en el centro de menores de La Purísima, donde un grupo de internos protagonizó un altercado al exigir 10 euros con motivo del final del Ramadán. El incidente ha sido calificado como “motín” por parte de sindicatos, que denuncian reiterados problemas en la gestión del centro, así como carencias de personal y medios materiales.
Miguel Marín, vicepresidente primero del Ejecutivo melillense, ha asegurado que se esclarecerá todo lo ocurrido. “Por supuesto que se investigará y se realizará de manera pormenorizada todos y cada uno de los detalles que ayer sucedieron”, declaró. "El análisis se hará con rigor y sus conclusiones se darán a conocer cuando finalicen las indagaciones", añadió.
Marín destacó que el Gobierno tomará nota del incidente y aplicará medidas que eviten que estos hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, consideró esencial reforzar la disciplina interna en los centros. “Debemos ser rigurosos con la actuación que puedan llevar a cabo menores extranjeros o cualquier otro tipo de menor dentro de esos centros. Hay que ser severos en la aplicación de las normas y no podemos dejarlo a su libre albedrío”, añadió.
El altercado ha reavivado las críticas de los sindicatos que han denunciado la reducción de plantilla en lugar de su refuerzo, pese a las múltiples peticiones para contar con más trabajadores y material adecuado. También reclaman mayor dotación de equipos de protección, como material antidisturbios para los vigilantes de seguridad.
Marín ha anunciado, por su parte, que el Gobierno elevará los costes de los convenios y contratos con empresas privadas que gestionan servicios con menores y extutelados, con el objetivo de que esas mejoras repercutan en las nóminas de los empleados. Esta medida busca reconocer el esfuerzo de los profesionales que operan diariamente en contextos complejos y garantizar que cuenten con los medios adecuados para actuar con eficacia.
Respecto al nuevo contrato de vigilancia del centro, que contempla una reducción del número de vigilantes de cuatro a tres, el vicepresidente explicó que esta decisión responde a la disminución del número de menores extranjeros no acompañados en La Purísima. No obstante, puntualizó que el contrato incluye horas disponibles que permitirían reforzar el servicio si las circunstancias lo exigen.
El vicepresidente primero del Gobierno melillense también defendió el trabajo educativo y formativo que se realiza en el interior de los centros de protección de menores. Afirmó que el Gobierno lleva años desarrollando programas destinados a mejorar las conductas y fomentar la integración de los jóvenes. “Eso siempre lo hace el Gobierno. No es que haya que hacerlo, es que se hace”, remarcó a preguntas de los periodistas.
Destacó que hay menores que han sabido aprovechar esas oportunidades y hoy están plenamente integrados en la sociedad melillense. “Muchos de ellos la aprovechan. Tenemos ejemplos en nuestra ciudad de menores extranjeros no acompañados que se han formado, que tienen ahora su empleo y que viven como un ciudadano más. Ese es el modelo a seguir”, concluyó.
El vicepresidente hizo un llamamiento a la colaboración entre las distintas partes implicadas: instituciones, profesionales y sociedad civil. “Debemos estar todos alineados para evitar que este tipo de incidencias se produzcan. Y si se producen, que los profesionales cuenten con todos los medios necesarios para poder dar respuesta”, manifestó.
El Ejecutivo reafirma su compromiso con la mejora del sistema de protección de menores, asegurando que se adoptarán las medidas necesarias tanto para garantizar la seguridad como para fortalecer las condiciones laborales del personal que trabaja en estos dispositivos.
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