El Gobierno melillense ha confesado sentirse “inquieto y mucho” por la "ruptura de la unidad territorial" de España que supone, en su opinión, el acuerdo de investidura suscrito entre el PSOE y Puigdemont. “Expresamos nuestra alarma y preocupación por esos pactos, que paradójicamente se suscriben con partidos que persiguen la destrucción de la unidad territorial de España, a la que, por motivos obvios, somos especialmente sensibles en Melilla”.
Así se pronunció la tarde este martes la representante del Ejecutivo local, Fadela Mohatar, ante la Comisión de Comunidades Autónomas, reunida en el Senado, cuyo objetivo era aprobar las mociones del PP contra dichos acuerdos, iniciativas que contaron con el apoyo del Gobierno de Imbroda.
Según dijo Fadela Mohatar, Melilla cuestiona “de modo severo” la conducta de Sánchez en torno a ese pacto con Puigdemont “porque la discriminación hacia nuestro territorio ya empezó mucho antes de las negociaciones para volver a investirse presidente”, apuntó para añadir que los melillenses “estamos cansados de reclamar un trato justo pero parece que no significamos demasiado en la cuenta de resultados del presidente Sánchez”.
A modo de ejemplo, la representante del Ejecutivo recordó que el Gobierno del PSOE “nos ha sacado de la ecuación de esas que llama excelentes relaciones con Marruecos” y recordó que en abril de 2022 se prometió la reapertura de la aduana comercial pero sigue cerrada un año y medio después de adquirir el compromiso. “No estamos oyendo al Gobierno de nuestro país defendernos ni insistir en reclamar ese derecho que nos aísla de nuestro entorno al sur. No somos importantes para Sánchez”, le reprochó.
La negativa marroquí a conceder el régimen de viajeros y la derogación del 50% de la bonificación a la Seguridad Social también estuvieron presentes en el discurso de Fadela Mohatar, quien se preguntó “¿por qué este desprecio y desigualdad entre ciudadanos, entre territorios? Melilla no pide nada graciable sino justo”. “No pedimos que se nos privilegie como está haciendo Sánchez con quienes mejor negocio le proporcionan. Pedimos igualdad y solidaridad, como consagra nuestra constitución”.
El Gobierno de Melilla también planteó la necesidad de la reforma urgente del actual sistema de financiación autonómica, al que la ciudad se opuso en 2009 porque no contemplaba las especificidades melillenses, algo que, según denunció, “nos acarreó el correspondiente castigo” por entonces de Rodríguez Zapatero.
La Ciudad Autónoma quiere un nuevo sistema de financiación hecho desde un “estricto carácter multilateral” para que no se rompan los principios de igualdad y solidaridad.
Mohatar también puso sobre la mesa la “desorbitada” condonación de la deuda de la Generalitat de Cataluña por importe de 15.000 millones de euros.
“Es una deuda perdonada que nos va a afectar a toda la ciudadanía. ¿Mutualizaremos esa deuda? ¿por qué las familias melillenses, vapuleadas, deberían ahora soportar esos desmanes en unas negociaciones desiguales de plano?”, se preguntó.
Iniciativa popular
La representante del Gobierno expresó en la reunión su respaldo a la moción que el grupo popular presentará a la Mesa del Senado con el apoyo de las estructuras autonómicas que mayoritariamente controla en España. Es más, expresó su “agradecimiento” por la iniciativa adoptada, así como la convocatoria de la Comisión de Comunidades Autónoma “porque significa darnos voz a las comunidades y ciudades autónomas en un momento que consideramos crítico, crucial para el presente y futuro de nuestras instituciones y nuestro Estado de Derecho”.
En su opinión, resulta “fundamental” que los territorios tengan la opción de expresar “alto y fuerte nuestra postura en temas sobre los que se sustenta el futuro de nuestros derechos y libertades y que, lamentablemente, vemos amenazados seriamente”.
Según comentó, los populares preferirían no estar en este debate y no les gusta “estar siendo observados por instancias europeas”. “Nos alarma la movilización generalizada que ha habido de jueces, fiscales, abogados y profesionales de la Justicia en general a lo largo y ancho del país. El clamor es demoledor y también nuestras voces, desde las cámaras legislativas, deben formar parte de esta llamada de atención que pretendemos frente esta deriva, que no puede conducirnos a ningún buen puerto”.
Por eso, elevó “nuestra más enérgica protesta también desde Melilla” por unos acuerdos a los que se llegó “fuera de nuestro país, a escondidas, sin luz ni taquígrafos, para cerrar única y exclusivamente una investidura”. “La amnistía era el pago para el Gobierno de Sánchez. Así nos lo cuentan sin rubor ya algunos de los propios ministros del Gobierno”.
A su juicio, ese pacto de la amnistía “es un fraude” porque “nadie votó en las urnas lo que ahora se decide en el Congreso”. “No se está dirigiendo la atención, como debiera ser, al interés general, al de la gente, a los problemas de las familias, al interés de quienes levantan cada mañana la persiana de su negocio, se dedican a educar a nuestra infancia y juventud, o a nuestros sanitarios”, se quejó.
De hecho, entiende el Gobierno local que se dirigen “esfuerzos y preocupación” que a reprobar “el intento de torpedear un sistema que nos ha hecho libre e iguales”.
En su intervención ante la Comisión de Comunidades Autónomas, también observó que los pactos de investidura “amenazan con hacer saltar por los aires las bases mismas de nuestra Constitución y la separación de poderes”. “Hablamos de amnistiar delitos de corrupción, de terrorismo, de anular actuaciones de nuestros tribunales de Justicia. Y lo más grave, someter el poder judicial a un Gobierno a través de comisiones de investigación que ya están siendo registradas en el Congreso”.
El Gobierno de Imbroda tiene clara la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. “Sería absurdo entender que la Constitución, que ha prohibido al legislador lo menos (conceder indultos generales) está permitiendo lo más (otorgar amnistías)”, subrayó.
Por último, tras recalcar que se trata de amnistiar a políticos que anuncian que volverán a hacer lo mismo por lo que fueron procesados e incluso cumplieron prisión, aseguró Fadela Mohatar que “no queda otra que unir fuerzas y voces con el imperio de la ley para pedir que pare esta ignominia y se restituya a la ciudadanía española lo que hasta ahora tenía garantizado: su derecho consagrado a la igualdad”.
El PP recortó en 140 efectivos a las plantillas melillenses de FCSE. Abandonó y paralizó las obras del nuevo hospital, dejó a Melilla sin docentes, soldados y servidores públicos durante siete años... Todo para dar 60.000 millones a fondo perdido a los bancos. El miedo al PP y a Vox se lo sacudió el pueblo español en las últimas elecciones. Respiramos tranquilos.