El Gobierno central ha aprobado el reparto de 22 millones de euros entre los territorios más afectados por la llegada de menores migrantes no acompañados, en el marco de una estrategia para reforzar sus sistemas de acogida. En este reparto, Melilla recibirá 4,5 millones, una cantidad destinada a mejorar las condiciones y recursos del sistema de protección de la infancia en la ciudad autónoma.
La decisión fue adoptada el pasado miércoles, durante una reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Según el comunicado emitido por el ministerio, este crédito extraordinario responde a una necesidad urgente de reforzar la capacidad de acogida en los puntos de mayor presión migratoria.
Además de Melilla, recibirán financiación las comunidades de Canarias (8,5 millones de euros), Ceuta (7 millones) y Baleares (2 millones). El reparto se produce tras meses de tensiones y negociaciones entre las administraciones implicadas. De hecho, la misma propuesta fue presentada por el Gobierno el pasado 17 de julio, pero no prosperó entonces debido a la falta de consenso entre las comunidades autónomas.
La ministra Sira Rego ha asegurado que el Ejecutivo está poniendo “todos los recursos necesarios” para que las comunidades autónomas puedan garantizar la atención adecuada a estos menores. “Nuestro objetivo es garantizar la sostenibilidad de los sistemas de acogida y que prevalezca el interés superior del menor”, afirmó, insistiendo en que se trata de una responsabilidad compartida por todas las instituciones.
Esta transferencia económica se complementa con otras medidas que el Gobierno tiene en marcha, como el desarrollo de un real decreto para la reubicación de menores migrantes no acompañados desde los territorios que han declarado la contingencia migratoria, como Melilla, Ceuta o Canarias. En ese contexto, Melilla ha dado ya los primeros pasos administrativos para ejecutar esa reubicación, tal como informó recientemente El Faro. La ciudad ha comenzado a firmar resoluciones para enviar menores a otras comunidades, en un intento por descongestionar su sobrecargado sistema de acogida.
No obstante, la reubicación ha generado preocupación en el Ejecutivo melillense. El presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, ha advertido que estas medidas podrían provocar un efecto llamada. En declaraciones recientes, alertó de que facilitar el traslado de menores a otras regiones puede incentivar nuevas llegadas, agravando una situación ya crítica en la ciudad fronteriza. “El traslado de menores causará un enorme efecto llamada”, aseguró Imbroda, quien ha reclamado en múltiples ocasiones más control en las fronteras y una mayor implicación del Estado para evitar que Melilla asuma sola la presión migratoria.
Melilla lleva años enfrentando una presión sostenida en sus centros de acogida, con picos de saturación que han puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales. Muchos de estos menores llegan tras haber realizado viajes peligrosos, a menudo por mar y en condiciones de gran vulnerabilidad. Con esta inyección de 4,5 millones, se espera que la ciudad pueda reforzar su red de atención, ampliar infraestructuras, contratar más personal especializado y ofrecer una atención integral a los menores bajo su tutela.
El Gobierno ha defendido que esta actuación se enmarca en una política de protección de la infancia basada en los derechos humanos y en el principio de solidaridad entre territorios, en línea con los compromisos internacionales asumidos por España.
