El Consejo de Ministros ha aprobado este pasado martes una nueva partida presupuestaria de 25 millones de euros para financiar los planes de empleo de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según ha informado la Delegación del Gobierno. Esta inversión, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, tiene como finalidad facilitar la contratación de personas desempleadas en obras y servicios de interés general. En el caso de Melilla, se asignarán 13 millones de euros para el periodo 2025-2026.
La medida se enmarca en una estrategia sostenida del Ejecutivo para reforzar las políticas activas de empleo en ambas ciudades, que presentan características socioeconómicas específicas y tasas de desempleo estructuralmente elevadas. En Melilla, los fondos permitirán la incorporación temporal de cientos de personas desempleadas a proyectos desarrollados por la administración y entidades colaboradoras.
Las contrataciones, que se ejecutarán desde finales de este año 2025 y 2026, estarán orientadas a mejorar la empleabilidad de los participantes, ofreciéndoles experiencia profesional y formación complementaria en entornos reales de trabajo. Las subvenciones estarán financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y se gestionarán en colaboración con las instituciones locales, tal como se ha venido realizando en años anteriores.
Actualmente, Melilla tiene en marcha el Plan de Empleo 2024-2025, que cuenta también con 13 millones de euros de presupuesto. Además, se ejecutará también otro plan extraordinario, que se desarrollará a lo largo de este mismo año, igualmente dotado con otros 13 millones de euros. En total, entre 2024 y 2026, la ciudad contará con 39 millones de euros destinados exclusivamente a políticas activas de empleo.
La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, fue la encargada de anunciar estos dos nuevos programas (el extraordinario de 2024 y el ordinario de 2025-2026) que suponen una inversión conjunta de 26 millones de euros adicionales a los ya presupuestados para el plan actual. Moh subrayó que se trata de “una apuesta clara del Gobierno de España por Melilla”, destacando el carácter social y estratégico de estos planes para combatir el desempleo en la ciudad.
“El empleo es una prioridad para este Gobierno, y así lo demuestra con hechos”, afirmó la delegada durante su comparecencia. Añadió que los planes de empleo tienen una doble función: proporcionar trabajo a quienes más lo necesitan y reforzar la capacidad operativa de las instituciones locales en tareas de interés público.
Los perfiles que se beneficiarán de estas contrataciones incluyen principalmente a personas en riesgo de exclusión laboral, como desempleados de larga duración, jóvenes, mujeres con dificultades de inserción y mayores de 45 años. Los trabajos se desarrollarán en servicios de utilidad comunitaria, obras públicas, mantenimiento urbano, apoyo a centros educativos y actividades culturales, entre otros.
Por su parte, desde la Delegación del Gobierno se ha resaltado el papel de los planes como instrumento de inserción real en el mercado laboral, recordando que muchos beneficiarios logran, tras su paso por estos programas, mejorar su currículum, adquirir nuevas habilidades y, en muchos casos, acceder a empleos más estables en el futuro.
El diseño y ejecución de estos planes se adapta cada año a las necesidades específicas del tejido económico y social de Melilla. En ese sentido, se priorizan sectores que requieren refuerzo y se fomenta la formación de los beneficiarios durante su etapa de contratación.
La nueva partida presupuestaria se interpreta como el compromiso del Ejecutivo central con la recuperación económica de la ciudad y su lucha contra la exclusión social. Desde hace décadas, los planes de empleo han sido una constante en la agenda de los distintos gobiernos para Melilla, con inversiones millonarias que han beneficiado a miles de melillenses.
Con este anuncio, Melilla consolida su posición como una de las regiones que más recursos per cápita recibe en materia de empleo, gracias a las singularidades que presenta su mercado laboral y el esfuerzo conjunto entre administraciones para generar oportunidades dignas y sostenibles.
