El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades, el último paso para poner en marcha la reubicación de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre las autonomías.
El decreto entrará en vigor este jueves y permitirá que eche a andar la solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por la que en el plazo de un año se derivarán a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.
Además, los menores extranjeros que lleguen a partir de septiembre a zonas tensionadas serán derivados a otros territorios en un plazo de 15 días.
Este último decreto fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, que este año se sitúa en 32,6 menores por cada 100.000 habitantes, y que se aprobará anualmente.
Este ratio se calcula dividiendo la población total de cada comunidad y ciudad autónoma a 31 de diciembre, por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español.
Según la fórmula aprobada, Andalucía, con 2.827 plazas; Cataluña, con 2.650; y Madrid, con 2.325, son las comunidades que deben tener mayor capacidad ordinaria, por delante de la Comunidad Valenciana (1.767); Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731).
A continuación, Castilla-La Mancha (692); Murcia (517); Aragón (441); Baleares (406); Extremadura (344); Asturias (331); Navarra (223); Cantabria (194); y La Rioja (107), además de Melilla y Ceuta, con 28 y 27 plazas, respectivamente.
El siguiente escenario es que las comunidades autónomas que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria, como Canarias o Ceuta, pidan la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades.
El destino de los menores serán comunidades con menos saturación. Los traslados se distribuirán teniendo en cuenta otros parámetros como la renta, la tasa de paro, la dispersión, el esfuerzo previo, la insularidad o la situación fronteriza.
Con datos de máximos hechos públicos en julio, el Gobierno calculaba que Andalucía (677 jóvenes), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571) son las comunidades que más menores deben recibir. En la lista seguían Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156) Asturias (144) Región de Murcia (133) Navarra (188) e Islas Baleares (49).
Por el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque Cataluña anunció su intención de atender como mínimo a 31.
Este mecanismo nace con la oposición política y en los tribunales de diez comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y de Castilla-La Mancha, gestionada por el PSOE, que han recurrido ante el Tribunal Constitucional.
Además, comunidades como Madrid, Baleares y Castilla y León han recurrido o anunciado recursos contra los dos últimos decretos aprobados por el Gobierno y algunos, como Baleares o la Comunidad Valenciana, pedirán la suspensión cautelar del reparto.
Mientras esté en funcionamiento, todas las comunidades están obligadas por ley a atender a estos niños, niñas y adolescentes.
28 menores...se convierten en 50 y luego en 100 y así así gana el Madrid!!