El Gobierno de España distribuirá 35 millones de euros entre las comunidades autónomas con mayor entrada de menores migrantes no acompañados en una Conferencia Sectorial prevista para mediados de julio, según anunció este miércoles la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en Lanzarote, donde evaluó el primer año de aplicación de la reforma de la ley de extranjería que obliga a todas las regiones a compartir la acogida de estos menores.
Rego ofreció estas cifras tras reunirse con el Colegio de Abogados de Lanzarote para hacer balance de una normativa que, a su juicio, está "fundamentada en los derechos de los niños". En ese sentido, la ministra comentó que, desde su entrada en vigor, el Gobierno central ha tramitado 2.000 expedientes de traslado de menores desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia la Península "sin un solo incidente", según destacó la ministra.
De los 35 millones que se repartirán en julio, Canarias recibirá cuatro, que se suman a los 140 millones ya asignados en los presupuestos del Estado para política de acogida en las islas. Rego subrayó que la mitad de los fondos presupuestarios del Estado destinados a esta materia han ido al archipiélago.
La ministra también señaló que en Canarias queda aproximadamente una cuarta parte de los menores que llegó a tutelar antes de la reforma, y que se han resuelto además 1.000 expedientes de protección internacional. "La situación de Canarias ha cambiado drásticamente. El sistema de acogida se ha descongestionado sustancialmente", afirmó.
El balance positivo del Gobierno central contrasta con la tensión institucional vivida meses atrás con Melilla. En enero, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, tachó de "mentira total" las declaraciones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien había acusado a la Ciudad Autónoma de falta de celeridad en la tramitación de expedientes de traslado. Imbroda defendió que todos los expedientes remitidos correspondían a personas que ya habían alcanzado la mayoría de edad, no a menores, y la Consejería de Políticas Sociales aportó documentación para respaldar esa posición.
