El Consejo de Gobierno de Melilla ha aprobado de forma definitiva las bases reguladoras que permitirán conceder ayudas económicas a personas afectadas por enfermedades neurológicas, incluyendo subvenciones específicas para familias con pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Así lo anunció el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, este martes, quien además aprovechó su comparecencia para lanzar duras críticas contra la gestión del Ingesa, a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas.
La aprobación de estas ayudas se formalizó el pasado 5 de diciembre y supone el cierre de un proceso iniciado meses atrás. Las subvenciones cuentan con un presupuesto de 300.000 euros, ya recogido en las cuentas públicas de 2025 desde abril, y se destinarán a varias líneas de apoyo, como el respiro familiar, el traslado de pacientes a otras ciudades para recibir tratamiento y otras formas de asistencia compatible con ayudas ya existentes.
Imbroda subrayó la importancia de atender a las personas con enfermedades degenerativas desde la acción pública. “Todo lo que sea trabajar por los más necesitados es lo mejor que puede hacer cualquier institución. Si no acudimos a las familias más vulnerables, no valemos para nada”, aseguró.
En este sentido, recalcó que las ayudas no son excluyentes y pueden complementarse con otras que ya estén percibiendo las familias afectadas.
Entre las medidas más destacadas figura una partida específica de 18.000 euros anuales para las familias que convivan con un paciente de ELA. Esta medida fue incorporada tras una alegación presentada por el Colegio de Médicos, lo que demuestra, según Imbroda, la voluntad del Ejecutivo local de trabajar en colaboración con entidades profesionales para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Las ayudas por respiro familiar permitirán que los cuidadores puedan contar con apoyo profesional, mientras que las ayudas para traslados pretenden facilitar el acceso a atención médica especializada fuera de Melilla. Todas estas acciones estarán reguladas por las bases ya aprobadas, que determinan los criterios de acceso y los procedimientos de solicitud.
Pero el presidente no se limitó a hablar de subvenciones. Durante su intervención, también se refirió con contundencia a la gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Melilla, denunciando la existencia de “una base de ilegalidades enormes” en sus contratos, según ha indicado recientemente el Tribunal de Cuentas.
“El Tribunal de Cuentas ha dicho que la Ingesa, en Melilla, está estableciendo una base de irregularidades y de cosas ilegales enormes a la hora de contratar”, afirmó Imbroda. Subrayó que este asunto tiene una “carga de profundidad enorme” y lo consideró mucho más grave que otros temas de debate público reciente, como los procedimientos administrativos o los informes del Defensor del Pueblo.
Estas declaraciones reflejan un nuevo episodio de tensión entre la Ciudad Autónoma y el Gobierno central en materia sanitaria. Imbroda lamentó que no se le haya preguntado por esta cuestión en anteriores comparecencias y aprovechó para poner el foco en las presuntas irregularidades que, según el Tribunal de Cuentas, afectan a los procesos de contratación del Ingesa en la ciudad.
Con esta doble intervención, el presidente quiso dejar clara tanto la labor del Gobierno local en políticas sociales como su posición crítica ante las deficiencias que, a su juicio, presenta la gestión sanitaria estatal en Melilla.
La aprobación definitiva de las ayudas se suma así a un contexto político en el que las competencias y responsabilidades sanitarias se encuentran bajo el escrutinio público. Mientras se avanza en el refuerzo del apoyo a familias con enfermos neurológicos, se reaviva también el debate sobre la gestión estatal de la sanidad en el ámbito local.
