El Ejecutivo defendió su política de vivienda ante las críticas de CpM, aunque señaló que con las subvenciones “puede haber debate”.
Las dificultades de gran parte de la población local para acceder a una vivienda y la gestión del Gobierno autonómico en esta área ocuparon la primera interpelación planteada en la jornada de ayer por el Grupo Coalición por Melilla (CpM). Su diputado Hassan Mohatar reclamó a la bancada del Partido Popular (PP) cambios en la política de la sociedad pública Emvismesa y en los requisitos para acceder a las ayudas de alquiler.
En palabras del cepemista, Emvismesa está realizando una gestión “nefasta” de un tiempo a esta parte, pues construye “al mismo precio que dicta el mercado libre”, lo cual supone “un grave perjuicio económico para la empresa y una carga para los melillenses que pretenden acceder a una vivienda”.
Mohatar resaltó que actualmente existe un parque de 50 viviendas de dicho ente público que no se han vendido y que pese a ello el Gobierno local no se ha planteado cambiarlas a régimen de alquiler con el fin de darles salida con mayor facilidad. “Es algo que propusimos en su día y nos dijeron que había que tratarlo en el Ministerio, pero todavía no se ha hecho nada y las casas continúan sin venderse”, lamentó el cepemista.
Por otro lado, destacó que este año ha sobrado dinero de la partida destinada a las subvenciones al alquiler, aunque hay familias que no han podido beneficiarse de dicha iniciativa a causa de los requisitos exigidos por la Ciudad Autónoma. En este sentido Mohatar subrayó que se han dado casos “de auténtica injusticia” a la hora de repartir estas ayudas. Para el diputado de CpM, no es lógico que se pida una residencia continuada de 36 meses en Melilla, la cédula de habitabilidad o no tener deudas con la administración pública para acceder a estas subvenciones.
En opinión del cepemista, hay que tener en cuenta la situación de necesidad en la que se encuentran las familias que piden estas ayudas y llevar a cabo modificaciones en las condiciones de acceso. Asimismo, resaltó que en aspectos como el caso de la cédula de habitabilidad se podrían conceder bonificaciones para acondicionar correctamente las viviendas.
Por último, Mohatar lamentó que “los intereses partidistas” de ambas administraciones entorpecieran la puesta en marcha del acuerdo marco para la construcción de 600 viviendas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El diputado popular y consejero de Fomento, Miguel Marín, tiró de la hemeroteca y empleó buena parte de su intervención en culpar al Partido Socialista (PSOE) de la actual situación de crisis y pobreza que sufre España y de no poner en marcha el acuerdo marco mencionado por Mohatar, así como a rememorar las gestiones realizadas en materia de vivienda por el Gobierno de José María Aznar.
“Han sido los cómplices callados del PSOE durante años”, acusó Marín a los cepemistas. Asimismo, resaltó que el acuerdo con Sepes para construir 600 casas ya está en marcha.
En cuanto a las ayudas al alquiler, aseguró que “ningún Ejecutivo ha hecho más” en este terreno y recordó que este año se han modificado parámetros para facilitar el acceso a estas bonificaciones, tales como discriminar positivamente a las familias con miembros en desempleo o crear un cupo específico para jóvenes.
En lo tocante a la necesidad de tener una residencia continuada de 36 meses en la ciudad autónoma para acceder a las ayudas al alquiler, Marín defendió que se trata de un punto que busca beneficiar “a los melillenses con mayor arraigo”.
En su segundo turno de palabra, Mohatar señaló que si Marín “se empeñaba en mirar al pasado”, había que recordar que la mayor coyuntura en el área de vivienda se dio con el Gobierno del líder de su formación política, Mustafa Aberchán.
Recuperando el tema de la gestión de Emvismesa, consideró “ilógico” que una casa de la promoción de calle Villegas, adjudicadas recientemente, esté destinada a familias con unos ingresos de 50.000 euros anuales. “¿Usted lo ve normal?”, apuntilló el cepememista. “A Emvismesa hay que darle un nuevo enfoque y mayor contenido social. De lo contrario, en años venideros habrá que seguir inyectándole dinero público mientras las viviendas no se venden”, concluyó.
Marín aseguró que ya se está estudiando el cambio a régimen de alquiler de algunas de las casas de dicho ente público e insistió en que la política de la empresa es buena. “Si no vendemos las viviendas, Emvismesa quedaría descapitalizada”, defendió.
El punto sobre la ‘i’ lo puso el presidente Juan José Imbroda, quien participó en los últimos minutos que le correspondían al Grupo Popular. Defendió que la clase media de Melilla también necesita viviendas, en referencia a las de calle Villegas, así como que Emvismesa “debe generar beneficios”. En cuanto a las peticiones de los cepemistas para modificar los requisitos de acceso a ayudas al alquiler, Imbroda señaló que “hagan propuestas, que por ahí se puede llegar a un acuerdo”, dejando la puerta abierta a una posible flexibilización de las condiciones exigidas a los que quieren acceder a esta bonificación.
