El Gobierno de Melilla ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa Avalop, adjudicataria del servicio de ludotecas, debido al presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales. La decisión surge a raíz de los impagos de nóminas a los trabajadores, una situación que afecta tanto a los empleados como a la estabilidad de los servicios que presta la compañía en la ciudad.
Según anunció la portavoz del Gobierno, Fadela Mohatar, ya se ha nombrado a un instructor técnico encargado de analizar los expedientes, evaluar las incidencias y determinar si la empresa ha incumplido los términos del contrato. El objetivo de este proceso administrativo es verificar la solvencia técnica y económica de Avalop, así como su capacidad de cumplir con las obligaciones adquiridas al obtener la adjudicación.
El expediente abierto por el Gobierno de Melilla será evaluado por una técnica que, de manera imparcial, analizará toda la documentación relacionada con los contratos, las adjudicaciones y la prestación de los servicios. Este proceso incluirá una revisión de las incidencias registradas, los pagos pendientes y las responsabilidades contractuales de la empresa.
La resolución del expediente determinará si Avalop enfrenta sanciones económicas, restricciones en futuras licitaciones o incluso la rescisión de los contratos actuales. El dictamen técnico será clave para definir las acciones que el Consejo de Gobierno tomará en relación con la empresa.
Mediación
Fadela Mohatar asegura que se han abierto todos los canales posibles para liquidar las deudas pendientes con Avalop por los contratos firmados. Sin embargo, recuerdan que la empresa tiene la responsabilidad de abonar las nóminas a sus empleados, independientemente de los pagos recibidos por parte de la administración.
El Gobierno se encuentra mediando con la empresa y los trabajadores para resolver la situación y garantizar la estabilidad de las familias afectadas. Las autoridades destacan que su preocupación principal es la prestación adecuada de los servicios y el bienestar de los empleados. Además, recalcan que el expediente servirá para determinar si Avalop puede continuar participando en futuras licitaciones, dependiendo del grado de cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Acciones contundentes
El PSOE ha denunciado públicamente la lo que califica como "inacción" del Gobierno de Melilla ante el impago a la plantilla de Avalop, acusando al Ejecutivo de no haber actuado con la diligencia necesaria para proteger los derechos laborales de los empleados.
Por otro lado, Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado el inicio de acciones legales contra la empresa, alegando que los impagos representan una vulneración grave de los derechos laborales. La organización sindical reclama medidas urgentes para asegurar que los trabajadores reciban sus salarios y que se tomen las acciones pertinentes contra Avalop.
El conflicto con Avalop no es nuevo. Cuando el actual Gobierno asumió sus funciones en julio de 2023, se encontró con contratos mayores sin iniciar por parte de la administración anterior, lo que generó problemas en la continuidad de los servicios. Como resultado, el Ejecutivo optó por firmar contratos menores para cubrir los servicios de manera temporal, mientras preparaba contratos mayores con mayor cobertura y duración.
En el transcurso de este proceso, surgieron pequeñas facturas no cubiertas por los contratos menores, lo que desencadenó una serie de problemas financieros para Avalop. Según el Gobierno, estas deudas ya están siendo reconocidas mediante procedimientos legales y administrativos, con el fin de saldar las responsabilidades económicas correspondientes.
El futuro de Avalop como proveedor de servicios en Melilla dependerá del resultado del expediente sancionador. Si se confirma el incumplimiento de las obligaciones contractuales, la empresa podría enfrentar sanciones graves que incluyan la exclusión de futuras licitaciones o la rescisión de los contratos vigentes.
Mientras tanto, el Gobierno asegura estar tomando todas las medidas necesarias para mantener el equilibrio en los servicios públicos y garantizar el respeto de los derechos laborales de los empleados de Avalop. El expediente, actualmente en trámite, será determinante para definir las medidas que adoptará la administración en las próximas semanas.
