En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el derecho al aborto y el de los profesionales de la medicina a la objeción de conciencia. Los ginecólogos de Melilla se niegan a esta práctica en el cien por cien de la plantilla en la sanidad pública, motivo por el que las mujeres melillenses tienen que ser desplazadas a la península si quieren interrumpir voluntariamente su embarazo. Para tratar de poner luz en todo este asunto hemos entrevistado a Fernando Portillo Rodrigo, magistrado en la ciudad y presidente del Foro Judicial Independiente.
-Los ginecólogos de Melilla son todos objetores de conciencia. ¿Qué se entiende por objeción de conciencia?
-La objeción de conciencia es el derecho que tiene toda persona a negarse a realizar una acción o cumplir con una obligación legal por motivos de convicción moral, ética o religiosa profunda. Antaño, fue muy frecuente entre quienes se negaban a hacer el servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria. En el contexto médico, permite a profesionales sanitarios abstenerse de participar en procedimientos que contradigan sus creencias.
-¿Qué principios sustentan esta objeción?
-Los principios que sustentan la objeción de conciencia incluyen la libertad de pensamiento, de conciencia y la religiosa, protegidas por la Constitución Española y por convenios internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se trata de respetar la autonomía individual y la integridad moral, reconociendo que forzar a alguien a actuar contra sus convicciones más profundas viola su dignidad como persona. En lo que se refiere al personal sanitario para negarse a realizar abortos, dicho derecho de objeción de conciencia les está expresamente reconocido en la Ley 2/2010.
-¿Cómo se garantiza en la práctica el respeto a la objeción de conciencia?
-En la práctica, en España, el respeto a la objeción de conciencia del personal sanitario se garantiza mediante registros obligatorios de objetores. A su vez, estos registros deberían permitir planificar la prestación de servicios para evitar perjuicios a las pacientes. No hay que olvidar que el ejercicio del derecho de objeción de conciencia siempre es individual y no puede menoscabar el derecho humano a la vida, la salud y la libertad de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.
-¿Cómo se resuelven los conflictos entre la objeción de conciencia y otros derechos?
-Los conflictos entre la objeción de conciencia y el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria de su embarazo (reconocido incluso como derecho fundamental según reciente sentencia del Tribunal Constitucional) se resuelve con un sistema público de salud que asegure una plantilla en la que haya no objetores o facilitando el servicio médico mediante derivaciones a clínicas concertadas o a otras regiones.
-¿Ha tenido alguna experiencia personal relacionada con la objeción de conciencia?
-No, no he tenido experiencia personal alguna. Tampoco me he encontrado este conflicto en mi labor como juez. No es algo muy frecuente.
-Igualdad quiere anular en situaciones críticas la objeción de conciencia al aborto en el Sistema nacional de salud, para garantizar el derecho al aborto. ¿Cuál es su opinión?
-El equilibrio entre la objeción de conciencia y el derecho al aborto es esencial en una sociedad democrática. Aunque limitar la objeción en situaciones críticas, como propone Igualdad, podría ser razonable si se demuestra que la objeción masiva actúa como barrera para un acceso al servicio en condiciones de igualdad, en mi opinión el foco debería ponerse en mejorar la planificación sanitaria (lo que incluya la contratación de personal no objetor y rápidas y eficaces derivaciones), en lugar de anular derechos individuales de manera generalizada. Así se promovería la autonomía de las mujeres y el respeto a las convicciones éticas, sin polarizar el debate.
-El informe del SNS pretende que haya no objetores en todos los hospitales, para garantizar el derecho?
-Sí, garantizar la presencia de profesionales no objetores en todos los hospitales públicos es una buena medida en esa dirección. Si, como parece, la mayoría de los abortos se producen en clínicas privadas, es el sistema nacional de salud el que debe reaccionar con medios y recursos, eso es lo que tenemos que exigir los ciudadanos, no que se limiten derechos.
-La Ley tiene siempre la última palabra o hay algo más? ES decir, si hay tantos objetores entre los ginecólogos, podría ser que el aborto tan derecho no es?
-La ley tiene la última palabra, la cual, no hay que olvidar, garantiza ambas cosas, el derecho al aborto y el derecho a la objeción de conciencia. Es responsabilidad de nuestros gobernantes que ambos puedan ejercerse. El alto número de objetores entre ginecólogos (parece que el 100 % en Melilla) no hace que el aborto deje de ser un derecho, simplemente resalta desafíos (falta de recursos o barreras geográficas) que hay que resolver, pero el derecho a abortar sigue siendo legal y constitucionalmente protegido. La solución, insisto, radica en equilibrar accesibilidad y objeción, no en cuestionar la legitimidad de los derechos implicados.
