El Gobierno de España ha retrasado por segunda vez la cesión de la gestión de la planta desalinizadora de Melilla a la Ciudad Autónoma, que estaba prevista para este martes después de que ya la pospusiera a finales del año pasado, para culminar las pruebas tras la ampliación de esta infraestructura.
Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) han informado a Efe de que la empresa pública Tragsatec seguirá encargándose de gestionar la planta desalinizadora durante un mes más al haberse ejecutado la prórroga del encargo que se le había hecho el pasado 6 de diciembre, cuando estaba prevista su entrega por parte del Estado.
Sin embargo, la Ciudad Autónoma de Melilla solicitó entonces a la CHG que la retrasara dos meses debido a que la planta no está produciendo la cantidad de agua diaria “prometida” con su ampliación, ya que en aquel momento no estaban operativos los cuatro módulos y hubo, además, problemas de la línea eléctrica de la desaladora.
Esta situación llevó a la CHG a realizar un encargo de la gestión de esta importante instalación a la empresa pública Tragsatec durante un periodo de dos meses, que finalizaba el 5 de febrero, y que ha supuesto un coste de casi 733.000 euros.
La CHG ha ejecutado la prórroga de un mes que se contemplaba en el encargo de la gestión a Tragsatec por un importe algo superior a los 366.000 euros, que finalizará el 5 de marzo.
Fuentes de la Ciudad Autónoma han informado a EFE de que la CHG ha decidido ejecutar la prórroga por una cuestión de “operatividad”, ya que debe seguir haciendo las pruebas necesarias una vez realizada la ampliación de la desaladora con la instalación de un cuarto módulo.
El objetivo de estas pruebas es comprobar que las instalaciones, de las que depende la mayor parte del suministro diario de agua potable en Melilla, se entrega “en perfectas condiciones” a la Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza, que se encargará de su gestión a partir del próximo mes.
