La Ciudad revisa más de 4.000 facturas de Gaselec cada año.
El Grupo de Populares en Libertad (PPL) preguntó en la sesión plenaria de ayer por el control y fiscalización de los contratos y adjudicaciones de la Ciudad, después de que la consejera de Bienestar Social, Mª Antonia Garbín, reconociera el “despilfarro”, según apuntó Julio Liarte, en la compra de un material deportivo en respuesta a una pregunta del Grupo Socialista. El portavoz del Gobierno local, Daniel Conesa, defendió la legalidad de los contratos que se realizan por parte de la Administración que pasan dos controles, al ser fiscalizados por la Consejería de contrata y el área de Intervención de la Ciudad Autónoma.
Liarte insistió en que muchos de los contratos se realizan con “entidades fantasma” y que el dinero público lo utilizan para “contratar amiguetes y familiares del Gobierno, cuando no gastar, por ejemplo, más de 3.000 euros en churros”, criticó el portavoz de PPL.
También reprochó el uso “desmedido” del Ejecutivo local en la adjudicación de contratos en base a criterios de interés público o adjudicaciones directas sin que el control de la subvención se haga “convenientemente”.
Conesa insistió, por su parte, en que todos los procedimientos de contratación se encuentran “en el marco de la ley y convenientemente fundamentadas” en cada caso.
PPL preguntó sobre los motivos por los que la Ciudad se retrasó en el pago de facturas a la empresa Gaselec y que motivó el pasado 29 de enero el corte de luz en diversas dependencias municipales. El consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, explicó que la Ciudad debe revisar las facturas que le llega de Gaselec y que éstas suponen más de 4.600 cada año. “Algunas son fáciles de revisar antes de abonarlas, pero otras no”, dijo. Además, explicó que a principios de año el cambio del sistema informático que gestiona el cierre contable de la Administración local provocó un retraso inusual. No obstante, se abonaron las facturas pendientes con Gaselec que motivaron el apagón.
