Aberchán demanda al Gobierno local cambiar el rumbo de su gestión, priorizando los gastos para corregir los desequilibrios sociales en Melilla a causa del paro y la pobreza.
El portavoz del Grupo Cepemista, Mustafa Aberchán, centró la mayor parte de su discurso en defender las propuestas que llevó al Pleno del Debate sobre el Estado de la Ciudad de ayer. En él reclamaba al Gobierno de la Ciudad y a su presidente Juan José Imbroda a una reflexión “profunda” sobre la línea de actuación del Ejecutivo en aras de corregir la desigualdad y los desequilibrios existentes a causa, principalmente, del aumento del desempleo y la pobreza en Melilla. Una de las propuestas que realizó, la ampliación del plus de residencia para pensionistas y desempleados, fue vista con buenos ojos por parte del Gobierno local, pero quedará congelada por el momento a la espera de un escenario económico más propicio, tal y como señaló el portavoz del Grupo Popular, Daniel Conesa.
Aberchán recalcó que la realidad de Melilla no es como la ve el Ejecutivo local, pues en pocos años, el agravamiento de la crisis económica ha incrementado la tasa de desempleo, más de 12.600 melillenses buscan trabajo, y la de pobreza, que supera el 30%, según apuntó el líder cepemista. A estos datos se suma las pocas expectativas que tiene la ciudad autónoma de crecer “de todo el territorio nacional”, según dijo. Por ello, insistió en la necesidad de “cambiar de modelo y herramientas” en la acción política del Ejecutivo melillense, pasando por una priorización del gasto. Aberchán dijo no entender, en este sentido, las partidas para el alumbrado público en fiestas señaladas, el tamaño del Gobierno local así como el hecho de mantener la misma estructura de sociedades públicas y patronatos durante más de 12 años de mandato de Imbroda. Puntualizó además que el hecho de que se aumente la partida para la Consejería de Bienestar Social no se traduce en un aumento del bienestar en Melilla.
Defensa de sus propuestas
Así, el portavoz cepemista sostuvo que una mejor gestión de los recursos podría reducir en doce puntos porcentuales la tasa de pobreza si se prima en el Plan de Empleo Extraordinario a las familias con todos sus miembros en paro y que no reciben ninguna prestación, a las que reciben ayudas económicas de menos de 400 euros mensuales y a los jóvenes desempleados.
Aberchán defendió que parados y pensionistas cobren el plus de residencia, pues en la actualidad esta situación es “injusta e insolidaria” porque estas personas “también viven en la ciudad” y se preguntó si esta medida podría ser inconstitucional. La respuesta de Conesa no se hizo esperar y se mostró partidario de la propuesta de los cepemistas. Sin embargo, el portavoz del Gobierno local señaló que el escenario económico en estos momentos no permite plantear esta medida al Ejecutivo central, pero no descarta que se proponga en el futuro cuando cambien las condiciones económicas.
Representatividad de la oposición
Además, Conesa recordó el compromiso del Ejecutivo melillense en el debate presupuestario de buscar fórmulas para evaluar la eficacia de las políticas sociales llevadas a cabo y analizar si las ayudas y acciones llegan a las familias más desfavorecidas.
Aberchán recalcó que la línea de acción de su grupo parlamentario seguirá siendo “constructiva y responsable” y que desde el inicio de la legislatura se ha traducido en el apoyo, por ejemplo, al nuevo Reglamento de la Asamblea (RA), a pesar de no ser el “apropiado”, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a pesar de su retraso, y su voto a favor de dos Presupuestos Generales de la Ciudad (PGCAM). Además, siguió reclamando la representación de la oposición en la Mesa de Contratación y en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Son dos cuestiones aún pendientes, a pesar del avance conseguido con la Vicepresidencia Segunda de la Asamblea, que recae en una de las diputadas cepemistas, Dunia Al-Mansouri.
Siete años esperando la mejora de los transportes
Aprovechando la reciente reunión mantenida entre Imbroda y la ministra de Fomento, Ana Pastor, el pasado martes, Aberchán preguntó al mandatario melillense cuándo se acometerán las mejoras en los transportes entre Melilla y la península que los populares prometieron, pues hasta ahora “sólo nos han dicho que vamos a tener lo mismo”. En este sentido, echó en falta que Imbroda no se hubiera pronunciado aún sobre la demanda de los cepemistas en los últimos siete años: La declaración de servicio público de los enlaces con Málaga, propuesta, según recordó Aberchán, de la que era partidario Imbroda, pero que el cepemista desconoce si esta cuestión se la comentó a la ministra Pastor esta semana.
600 empleos destruidos en pymes locales
El portavoz cepemista destacó el alto índice de desempleo en la ciudad y la carencia de medidas, por parte del Ejecutivo, para paliarlo. Si bien es cierto que se mostró optimista por el Plan de Empleo Extraordinario anunciado por la Ciudad para este año, Aberchán recordó que el año pasado se destruyeron 600 puestos de trabajo en las pymes de Melilla, por lo que propuso un mayor respaldo al tejido empresarial melillense, responsable de la creación de la mayor parte de los puestos de trabajo, y el fomento de los contratos laborales a jóvenes en los que también se promueva la formación de los mismos, para reducir así el alto índice de desempleo juvenil.
El entendimiento con Marruecos
Aberchan reclamó una mayor seguridad en la frontera con Marruecos así como fomentar el entendimiento con el país vecino sin tolerar actitudes “delictivas” como fue la amputación del brazo de la estatua de Estopiñán en el Pueblo y el viaje de los cabecillas con el ‘botín’ a Rabat. El líder cepemista consideró que este acto fue un “fallo de seguridad grave”. La respuesta del presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, fue clara: El brazo de Estopiñán no se encuentra en Rabat, sino al otro lado de la frontera.
El portavoz de CpM insistió en que Melilla “no debe vivir mirando si Marruecos nos provoca o no” y sí propiciando contactos entre los gobiernos de ambos países para fomentar el desarrollo de los dos países con una política común en materia de seguridad y de control de la inmigración.
