El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respondió este jueves a las preguntas de los periodistas sobre la polémica del denominado “efecto llamada” en la llegada de menores a España, asegurando que la realidad demuestra que no existe tal fenómeno en la actualidad. Torres explicó que Canarias, el territorio que concentra el 80% de los menores en aislamiento en el país, ha experimentado un descenso del 85% en este grupo, lo que, a su juicio, evidencia que los flujos migratorios cambian de manera natural y no dependen de medidas legislativas recientes.
“¿Qué efecto de llamada si han bajado el 85%? Los flujos cambian, las rutas cambian. Por eso, también algunos tienen que hacérselo ver”, afirmó Torres, subrayando que los discursos sobre este tema, según él, responden a un oportunismo político más que a la realidad de los datos. El ministro criticó la insolidaridad de quienes exigen solidaridad únicamente cuando les afecta directamente la llegada de menores, pero se muestran indiferentes cuando la presión recae en otros territorios.
Torres recordó la situación de 2018, cuando el gobierno de España, recién encabezado por Pedro Sánchez, recibió un escenario complejo debido a la presión migratoria, especialmente en el estrecho y en Andalucía. “El gobierno de España recibe una situación de insolidaridad con el fenómeno migratorio por una tremenda presión, fundamentalmente en el estrecho, en Andalucía”, señaló. Según explicó, en aquel momento el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, impulsó un real decreto aprobado en Consejo de Ministros para redistribuir a los menores que se encontraban en Andalucía por el resto del territorio español, multiplicando la cuantía económica destinada a su atención.
Torres reconoció que esa primera medida era voluntaria y no alcanzaba la cobertura necesaria, pero destacó que en 2022 se logró un “gran hito” mediante la conferencia sectorial de infancia, que permitió redistribuir a menores procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias en toda España. Según el ministro, esta redistribución beneficiaba inicialmente a 300 menores por año, un número que, en su opinión, demostraba que la preocupación por un efecto llamada era desproporcionada.
El ministro explicó también los plazos administrativos que implicó esta redistribución. Desde la aprobación de la modificación de la ley en marzo, hasta la entrada en vigor el 1 de septiembre, se tuvo que convalidar el real decreto en el Congreso de los Diputados, trasladarlo al Consejo de Estado y ejecutar varios reales decretos adicionales. “Entre marzo y agosto tuvimos que llevarlo al Consejo de Estado, hacer varios reales decretos, y caminar administrativamente, no podíamos hacerlo antes de convalidarse ese real decreto ley”, indicó Torres.
A partir del 1 de septiembre y hasta el 19 de marzo, el ministro señaló que se han redistribuido entre 1.700 y 1.800 menores desde Ceuta, Melilla y Canarias hacia otras comunidades autónomas del país. “Por los datos nuestros, cerca de 1.200, si sumamos lo que dice Canarias, 1.800, 1.800 en 7 meses”, detalló. Estas cifras, según Torres, reflejan la efectividad de la medida y su carácter equitativo, mostrando que la gestión no ha provocado un aumento de llegadas sino una distribución más equilibrada de los menores en todo el territorio nacional.
El ministro también defendió que la ley modificada y los reales decretos han permitido atender a los menores de manera más integral y coordinada, garantizando su protección y evitando la saturación de determinados territorios. “Hay quien es muy insolidario cuando no le afecta y luego exige mucha solidaridad cuando le afecta”, señaló, destacando que la gestión actual responde tanto a criterios humanitarios como administrativos.
En sus declaraciones, Torres insistió en que el descenso del 85% de menores en Canarias evidencia que la acusación de efecto llamada carece de fundamento. Para el ministro, los flujos migratorios se ajustan a rutas y circunstancias variables y la ley modificada ha permitido redistribuir de manera justa a los menores, mejorando la situación de Ceuta, Melilla y Canarias, y asegurando que los derechos de los menores se respeten en todo momento.
