Un profundo desacuerdo entre el Gobierno central y una mayoría de comunidades y ciudades autónomas, todas gobernadas por el Partido Popular, ha impedido este jueves que el Comité Preparatorio de la Conferencia de Presidentes establezca la fecha, el lugar y, especialmente, el orden del día del próximo encuentro. La situación ha derivado en una parálisis institucional que pone en duda la celebración misma de la Conferencia, que sigue sin fecha ni convocatoria formal.
Marta Fernández de Castro, consejera de Presidencia, Administración Pública e Igualdad de Melilla, explicó a la salida de la reunión que el Ejecutivo se ha negado a aceptar tanto el formato de trabajo como los temas propuestos por once comunidades y las dos ciudades autónomas, que representan la mayoría. “Queríamos garantizar un modelo de conferencia que permitiera el debate real, la réplica y, por tanto, la posibilidad de alcanzar consensos. Pero el Gobierno ha optado por mantener un esquema de intervención cerrada y unidireccional”, lamentó.
Según denunció Fernández de Castro, la última edición de la Conferencia de Presidentes, celebrada en diciembre de 2024 en Santander, fue “una sucesión de monólogos sin derecho a réplica”, una situación que las autonomías firmantes querían corregir ahora proponiendo un formato más abierto y participativo. “No se trata solo de qué se discute, sino de cómo se discute. Es imprescindible recuperar la esencia de este foro como espacio real de cogobernanza”, subrayó.
Orden del día bloqueado
El núcleo del desacuerdo ha estado en la definición del orden del día. El Gobierno central propuso abordar dos temas: la vivienda y la formación profesional y universidades. Las autonomías, por su parte, reclamaron que se incluyeran al menos ocho puntos adicionales que consideran esenciales.
Entre ellos, la lucha contra la okupación, la financiación de la educación de 0 a 3 años, la seguridad del modelo energético nacional, las inversiones técnicas en las redes de la Red Eléctrica Española, el control de fronteras y la inmigración como competencia exclusiva del Estado, el déficit de infraestructuras críticas, la financiación autonómica, la reestructuración de la deuda y el déficit de personal sanitario. Además, durante la propia reunión, se propuso añadir un noveno punto: la retirada de los proyectos legislativos del Gobierno en materia de reforma de la Justicia.
El presidente del Comité Preparatorio planteó una fórmula intermedia que recogía solo una parte de los temas planteados por las autonomías, pero dejó fuera varias cuestiones de alto calado. “No se puede hablar de prioridades nacionales ignorando temas como la inmigración o las infraestructuras. Se trata de asuntos que afectan a la vida diaria de millones de ciudadanos”, reprochó Fernández de Castro.
La propuesta fue sometida a votación y, al no contar con el respaldo necesario, fue rechazada. Según el artículo 5.1 del reglamento de la Conferencia de Presidentes, el orden del día debe fijarse con la conformidad del presidente del comité y de las comunidades con estatuto de autonomía. Al no conseguirse ese consenso, el proceso quedó paralizado.
Recurso al reglamento
Ante el bloqueo, las autonomías apelan ahora al artículo 5.2c del mismo reglamento, que permite a la mayoría de comunidades y ciudades autónomas incluir asuntos en el orden del día. “Vamos a reclamar su aplicación para que no quede en manos de una sola parte decidir qué se puede debatir y qué no”, adelantó la consejera melillense.
La tensión no es nueva. Tal como ya informó El Faro en estos últimos días, el Partido Popular había exigido que temas como la financiación autonómica, el refuerzo de las fronteras, la seguridad energética y la mejora del transporte público estuvieran en la agenda de la Conferencia. La situación actual confirma que el choque entre la visión del Gobierno central y las demandas de las autonomías sigue vigente y podría escalar si no se alcanza un acuerdo en los próximos días.
De momento, la Conferencia de Presidentes sigue en el aire, a la espera de una resolución política que desbloquee la negociación. “Solo nos queda esperar y confiar en que se respete la voluntad de la mayoría”, concluyó Fernández de Castro.
