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El Defensor del Pueblo pide información sobre recortes sanitarios que afectan a mutualistas

La firma de un nuevo concierto con aseguradoras privadas no puede suponer la reducción de la cobertura asistencial y la calidad de la atención que hasta ahora recibían.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha solicitado información sobre recortes sanitarios que afectan a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas).

Tras la firma de un nuevo concierto con aseguradoras privadas para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas de estos tres organismos públicos, se han detectado recortes que “suponen una pérdida en la continuidad asistencial y generan incidencias en la asistencia sanitaria”.

En concreto, los datos de que dispone el Defensor del Pueblo apuntan a que las entidades privadas están dando de baja a médicos y hospitales que atienden a los mutualistas de Muface, Mugeju e Isfas. Tal situación estaría afectando sobre todo a las especialidades de oncología y psiquiatría, así como a los servicios de diálisis.

La nota de prensa recuerda que al dejar de ofrecerse determinados servicios, los mutualistas afectados no podrán acudir a sus revisiones médicas en sus centros habituales, con las implicaciones que ello tendría para el seguimiento de su enfermedad.

Por ende, la institución quiere conocer el seguimiento que están llevando a cabo las mutuas para garantizar la continuidad asistencial que contempla el acuerdo firmado con los grupos privados.

El texto concluye alertando de que las mutuas tienen la “obligación de velar por los derechos de los titulares y beneficiarios adscritos, y de garantizar una asistencia sanitaria con el mismo nivel de calidad que la sanidad pública”.

Ángel Gabilondo fue nombrado por las Cortes Generales al frente de la Defensoría el 18 de noviembre de 2021 en reemplazo de Francisco Fernández Marugán, quien ejerció el cargo de forma interina durante más de cuatro años.

Entre sus competencias se cuenta la de supervisar la actividad de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las comunidades autónomas y de las Administraciones locales, incluyendo la propia actividad de los ministros.

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