El Defensor del Pueblo admite a trámite una queja sobre el traslado de las menores de Palencia a Melilla

El Defensor del Pueblo investigará las circunstancias del traslado a Melilla de las trece menores extranjeras no acompañadas que hasta ayer permanecían en un centro de Palencia bajo la guarda de la Fundación Diego Martínez, de los padres Barnabitas. Así lo hará después de que en la mañana de ayer admitiera de urgencia la queja registrada por la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein). En la misma, el presidente de la ONG local, José Palazón, manifestaba la sospecha de que esta decisión podría estar motivada por el “impago” de la Ciudad Autónoma al centro de acogida en Castilla y León.

Según se expresa en el escrito, al que ha tenido acceso El Faro, Prodein ha tenido conocimiento de que el grupo de educadoras del centro palentino “llevaba meses sin cobrar”. De hecho, apuntaba la asociación, una de ellas llegó a dejar el trabajo por este motivo. “La fundación ha pagado a los trabajadores con fondos propios durante el tiempo que les ha sido posible, pero no ha logrado el pago de las cantidades debidas por la Ciudad, por lo que procede a la cancelación de los trabajos contratados”, subrayaba en la queja tramitada al Defensor.
El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, aseguró no tener constancia acerca de estos impagos. “Si aún no ha llegado la partida a su destino, lo desconozco”, dijo. No obstante, afirmó que, de ser así, se trataría de “una cuestión de trámites administrativos”, ya que primero se firma el convenio y, más adelante, se tramitan las partidas. “Todas las entidades y asociaciones que tienen convenios con Bienestar Social cobran, ya sea tarde o sea temprano”, subrayó.

Otra de las cuestiones que Prodein reflejaba en la queja presentada al Defensor del Pueblo es que las menores trasladadas a Melilla decían no entender el motivo por el que el mismo día que ellas ingresaban en el Centro Asistencial “parecen desplazar el mismo número de niñas extranjeras no acompañadas a un centro de Alicante”. Aunque este diario preguntó de forma reiterada al consejero sobre este punto, no obtuvo confirmación, aunque tampoco lo desmintió. “Los traslados de los menores es algo que obedece a las decisiones de los técnicos de la Consejería, exclusivamente”, quiso zanjar el consejero.

La residencia de las menores

Por su parte, Prodein exponía en su queja que una de las menores desplazadas a Melilla está muy cerca de cumplir la mayoría de edad, lo que ocurrirá en el mes de octubre. Así, señalaba que su permiso de residencia vencerá el próximo noviembre. Sobre esta joven, explicó también que estaba a punto de iniciar el segundo nivel de un curso de peluquería en Palencia. Eso era antes de que fuera devuelta a Melilla, pero la menor ha acordado con los profesores que regresará en un mes para continuar con su formación, ya que no pierde la esperanza.
Por todo lo expuesto anteriormente, la asociación local ha solicitado al Defensor que pida explicaciones sobre las condiciones de la devolución de estas trece menores y sobre el hecho de que el mismo día que llegaban de Palencia fuesen trasladadas, supuestamente, otro grupo de menores de Melilla a un centro de Alicante.
Además, Prodein rogaba a la institución que dirige Fernández Marugán que, en todo caso, se mantengan las acciones formativas y actividades que las menores estaban realizando en Palencia. Así, también ha pedido que se vele para que se mantenga la documentación de residencia adquiridas “durante los periodos de tutela correspondientes”, poniendo especial foco en la joven que está a punto de alcanzar la mayoría de edad, para que su permiso sea renovado y pueda continuar en el país.
Por su parte, Ventura aseguró que el Defensor del Pueblo es libre de investigar y preguntar lo que quiera sobre este asunto. “Pero me parece lamentable que las altas instituciones tengan que estar en los pormenores de los convenios”, sostuvo.

“Queríamos que se quedaran, pero en Melilla no han querido”

Según la información publicada ayer por El País, responsables de la Fundación Diego Martínez de Palencia confirmaron que la decisión del traslado de las menores se debe a “cuestiones económicas”. Además, las mismas fuentes referenciaron a este diario nacional que las niñas han sido llevadas a Melilla contra la voluntad de los técnicos. “Nosotros estábamos dispuestos a aguantar sin cobrar, queríamos que siguieran aquí, nos han dado mucha pena, pero en Melilla no han querido”, hicieron hincapié desde el organismo.

Uno de los responsables de la fundación lamentó a El País que las niñas estaban “muy integradas” en Palencia, donde estudiaban o trabajaban. “Los técnicos estaban contentísimos con ellas”, aseguró a este medio. “Nosotros también”, agregó.