El uso de dispositivos móviles en los centros educativos genera cada vez más debate entre docentes, familias y administraciones. Frente a su potencial para mejorar la competencia digital del alumnado y fomentar nuevas metodologías pedagógicas, también se evidencian riesgos como la distracción, el descenso del rendimiento escolar y el impacto en la salud mental. Así lo recoge el Consejo Escolar del Estado en un extenso informe preliminar titulado “Literatura sobre el uso de dispositivos móviles en la educación del siglo XXI”, publicado en junio de 2024.
El documento compila evidencias científicas, normativas internacionales, investigaciones académicas y experiencias legislativas de diferentes países, con el objetivo de alimentar la reflexión educativa sobre cómo, cuándo y por qué incorporar (o limitar) estos dispositivos en los centros escolares. La intención es favorecer una toma de decisiones equilibrada y basada en evidencias, que contemple tanto las oportunidades como los desafíos que plantea el entorno digital actual en el ámbito educativo.
Entre los beneficios que destacan las fuentes internacionales citadas en el informe se encuentra el desarrollo de la competencia digital y la posibilidad de aplicar metodologías más dinámicas, interactivas e inclusivas en el aula.
Según el informe PISA 2022 de la OCDE, los estudiantes que utilizaron dispositivos digitales hasta una hora diaria para actividades de aprendizaje en la escuela obtuvieron hasta 14 puntos más en matemáticas, incluso considerando el perfil socioeconómico. Sin embargo, el rendimiento comienza a disminuir si se supera esa hora o si los dispositivos se usan con fines de ocio.
Por su parte, la Unesco remarca que el uso de la tecnología debe estar claramente vinculado a la mejora del aprendizaje. Su informe de seguimiento de la educación mundial de 2023 concluye que incluso tener un móvil encendido con notificaciones puede distraer significativamente al alumnado. En países como España, Bélgica o Reino Unido, retirar los móviles ha mostrado una mejora en los resultados académicos, especialmente entre los estudiantes con peores calificaciones previas.
El informe también advierte sobre los efectos negativos del uso inadecuado de los móviles: distracción en clase, deterioro del clima escolar, exposición a riesgos de ciberacoso, pérdida de habilidades sociales e incremento de la ansiedad, especialmente entre menores.
Desde el punto de vista del bienestar, la OCDE señala que los estudiantes que se distraen con móviles en matemáticas obtienen 15 puntos menos en esa asignatura, además de presentar mayores niveles de ansiedad. Asimismo, solo un uso moderado y pedagógicamente justificado parece tener efectos positivos.
A esto se suma la preocupación por la privacidad y la protección de datos, especialmente tras la pandemia. Según la UNESCO, el 89 % de las herramientas digitales promovidas durante el confinamiento recopilaban datos de los menores, y en 39 de 42 países se vulneraban derechos de la infancia.
Normativas europeas
El informe recoge cómo algunos países de nuestro entorno han legislado restricciones estrictas. Francia prohíbe desde 2018 los móviles en primarias y secundarias (collèges), permitiendo excepciones solo por motivos de salud o pedagógicos. Italia también prohíbe su uso durante las clases, salvo con autorización expresa. Portugal, Alemania (Baviera) y Países Bajos han optado por limitar o directamente prohibir los móviles en espacios escolares.
En cuanto a la Unión Europea, sus políticas se centran en fomentar un uso seguro, crítico y responsable, promoviendo la alfabetización digital y mediática, así como el desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado.
En España, la Lomloe reconoce la competencia digital como eje transversal en todas las etapas educativas. No obstante, la gestión del uso de móviles recae en gran medida sobre las comunidades autónomas y los propios centros. Algunas regiones como Andalucía, Galicia, Madrid o Aragón han implantado regulaciones que limitan o prohíben los móviles durante toda la jornada escolar, mientras otras dejan margen a la autonomía de los centros.
Además, el informe destaca el papel de la formación del profesorado y la importancia de establecer normas claras que eviten distracciones y fomenten un uso pedagógico real de los dispositivos. La coordinación entre administraciones, centros, docentes y familias resulta esencial para que cualquier política sobre móviles sea eficaz y adaptada a la realidad educativa.
El Consejo Escolar del Estado no plantea una posición única, sino que ofrece una recopilación plural de datos y argumentos que permiten a la comunidad educativa valorar los beneficios y los riesgos de estos dispositivos. Su intención es clara: propiciar un debate fundamentado, con base científica y pedagógica, sobre cómo afrontar el uso de móviles en las aulas del siglo XXI.
En un contexto educativo cada vez más atravesado por la tecnología, la pregunta no es solo si los móviles deben estar en clase, sino cómo garantizar que su uso contribuya al aprendizaje, al desarrollo personal y al bienestar de los estudiantes, evitando los efectos negativos que ya están suficientemente documentados.
