También se publicarán estos datos del resto de los miembros del Gobierno local
La transparencia y la reducción de personal de confianza son algunos de los asuntos que se incluyen dentro del pacto de gobernabilidad firmado esta semana entre PP y PPL. El halo de corrupción que ha estado planeando sobre la Ciudad en los últimos años ha podido ser una de las razones de que el PP haya perdido su mayoría absoluta y desde luego ha sido uno de los temas más recurrentes para PPL a la hora de criticar a los populares. Por ello, era lógico que este acuerdo se introdujeran condiciones claras para tratar de prevenir que vuelvan a producirse determinadas situaciones. El presidente de PPL, Ignacio Velázquez, dijo el miércoles por la noche en declaraciones a El Faro que uno de los requisitos que se habían incluido en el pacto era un decálogo anticorrupción, aunque no precisó qué medidas recogía.
En el documento firmado por ambas formaciones, al que ha tenido acceso El Faro, se indica, entre otras cosas, una prohibición expresa para los cargos políticos de que sus cónyuges y familiares de hasta segundo grado ingresen a trabajar en la Ciudad como personal eventual de confianza. También en referencia a este tipo de contratados se pide una reducción de este personal de confianza, aunque no se precisa ni cuántas personas hay ahora mismo en esa situación, ni cuántos puestos se perderían.
La transparencia es otra de las claves de este pacto para gobernar Melilla. En el acuerdo se establece la obligatoriedad de publicar diferentes documentos. Por ejemplo el currículum del presidente, consejeros, viceconsejeros, asesores, directores generales, secretarios técnicos y gerentes de entidades públicas, así como de los diputados, que tendrá que ser público.
Las nóminas del presidente, los consejeros, los gerentes de identidades públicas, concejales y asesores de confianza también serán publicadas, así como todas las resoluciones judiciales dictadas en los procedimientos en que haya sido parte la Ciudad o miembros de la Asamblea, Consejo de Gobierno o funcionarios.
Los gastos de publicidad institucional también tendrán que ser de conocimiento público.
El documento pide igualmente austeridad en la Administración. Por ejemplo, apuesta por reducir progresivamente los gastos de representación y protocolarios hasta alcanzar un máximo del 50% de la cantidad actual, aunque no precisa cuál es esa cantidad.
Por otro lado, se prohíbe de forma expresa otorgar subvenciones a las asociaciones y entidades privadas que no hayan realizado actividades desde su constitución o en los tres años anteriores.
Éstas y otras medidas recogidas en este decálogo anticorrupción buscan, según se precisa en el texto, la regeneración democrática de la ciudad.
