El Consejo de Ministros ha dado luz verde este lunes al proyecto de ley que aplicará al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria, para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad de su trabajo.
El texto, que entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, según el Gobierno, cuenta con la conformidad del Comité Nacional del Transporte de Mercancías (CNTC), nace con el objetivo de proteger a los transportistas efectivos más vulnerables en la negociación del precio del transporte.
Con la aprobación del proyecto ley, el Gobierno cumple el compromiso que adquirió durante el pasado mes de marzo con el sector para garantizar la su sostenibilidad en un contexto marcado por el encarecimiento de los carburantes provocado por la invasión rusa de Ucrania.
El proyecto de ley, que deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados, recoge la obligatoriedad de que los contratos firmados con el transportista efectivo se hagan por escrito y reflejen el precio, que siempre deberá ser igual o superior a los costes asumidos por el transportista.
Además, este principio también se aplicará en los denominados contratos de transporte continuado, que normalmente suscriben los transportistas autónomos con las grandes empresas.
En cuanto a la subcontratación, una de las principales reivindicaciones del sector, el Gobierno se ha comprometido a presentar un proyecto de ley específico sobre este punto, además de establecer un código de buenas prácticas para todos los niveles de la cadena de transporte.
El Gobierno, que establecerá una serie de sanciones para las compañías que incumplan la nueva legislación, analizará dentro de seis meses la efectividad que están teniendo las medidas en el sector.
Por otro lado, también se ha aprobado un nuevo paquete de ayudas directas, igual que el aprobado en marzo, para lo cual se ha establecido un crédito extraordinario de 450 millones de euros.
En este sentido, se mantiene la cuantía que percibirán las empresas de transporte de mercancías y de viajeros en función del tipo de vehículo, y se incluyen como nuevos beneficiarios los camiones de mudanzas, los autobuses urbanos y los taxis de Ceuta y Melilla.
Así, el Gobierno abonará 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta o ambulancia, y 300 euros por vehículo ligero (taxis y VTC).
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