El calvario de una mujer de 86 años dada por muerta por un error administrativo

“Mi madre no estaba muerta, pero para la Administración sí. Es otra forma de morir, una muerte administrativa”. Así ha resumido Juanjo Florensa, vecino de Melilla, la angustiosa pesadilla vivida junto a su madre, Isabel Conesa, de 86 años, tras descubrir que había sido registrada como fallecida por error. Lo que comenzó con el fallecimiento de su hermano Eduardo el 25 de marzo acabó convirtiéndose en un auténtico calvario burocrático que ha afectado gravemente los derechos civiles, económicos y personales de su madre, una mujer mayor que acababa de perder a su hijo.

Juanjo Florensa ha relatado que todo comenzó cuando acudió al Registro Civil de Melilla el 28 de marzo a recoger el certificado de defunción de su hermano. “Cuando abro el certificado veo que el fallecido aparece como declarante y la fallecida es mi madre. Todo al revés”, contaba con incredulidad. “No solo acabábamos de perder a un hermano, sino que de repente nos encontramos con que mi madre estaba oficialmente muerta”.

Según explica su abogado, Ángel Gil, el error se produjo durante el registro del fallecimiento en el sistema informático del Registro Civil. “La funeraria entregó correctamente el certificado médico de defunción de Eduardo, pero al redactar el asiento se intercambiaron los datos: pusieron a la madre como fallecida y al hijo, ya fallecido, como declarante”. Un fallo que, si bien puede parecer humano, ha tenido consecuencias devastadoras.

“La reacción de mi madre fue de profunda angustia. Ya estaba emocionalmente afectada por la pérdida de su hijo y de pronto se ve anulada como persona por el Estado”, ha explicado Florensa. “No podía acceder a su pensión, ni al banco, ni a la tarjeta sanitaria. Estaba fuera del sistema. Verla tan preocupada, tan vulnerable… eso fue lo más duro”.

A partir de ahí comenzó una carrera contrarreloj para revertir el error. “El DNI estaba anulado, por tanto no podía pedir ni siquiera una cita previa para arreglar nada. Tuvimos que ir pidiendo favores para que nos atendieran. En la comisaría nos atendieron sin cita y expidieron un nuevo DNI, gratuito, al entender que fue un error administrativo”, señaló Florensa, que agradece el trato recibido por varios funcionarios “que hicieron todo lo posible para ayudar, a pesar del colapso del sistema”.

Desde el punto de vista legal, el abogado Ángel Gil denuncia que el verdadero problema es la falta de protocolos para revertir errores de este tipo. “La Administración es muy ágil comunicando fallecimientos, sobre todo para cortar el pago de pensiones, pero no lo es para deshacer un error. Tuvimos que ir uno por uno: Seguridad Social, bancos, Policía, INE… con una fe de vida en la mano, como si tuviéramos que probar constantemente que mi clienta estaba viva”.

Además, añade que el nuevo sistema informático, Dicireg, no permite retrotraer los efectos del error. “Se necesita que se cree un protocolo de actuación urgente para estos casos. Porque los errores humanos pueden ocurrir, pero no puede ser que el peso de solucionarlo recaiga por completo en los ciudadanos, sobre todo si son personas mayores y vulnerables. El tema es que nos puede pasar a cualquiera. Les ha pasado a ellos, pero afortunadamente en este caso, pues esta señora no está sola en el mundo, que podía haber ocurrido como a tantísimos ancianos”.

“Hemos tenido suerte dentro de lo malo”, reconoce Juanjo. “Pudimos arreglarlo en unos días porque sabíamos a quién acudir y por nuestra posición social. Pero, ¿y si esto le pasa a una anciana sola? La dejan completamente desamparada”.

Florensa ha destacado que si no hubieran actuado con tanta rapidez y hubiesen esperado solo tres días más, la pensión de la madre se habría cerrado definitivamente en Madrid y entonces habría sido necesario abrir un procedimiento contencioso que podría haberse alargado “hasta un año”. Afortunadamente, se pudo frenar a tiempo y todos los derechos han sido restablecidos: pensión, acceso sanitario, cuentas bancarias, DNI y registro estadístico.

Ahora, el equipo legal está estudiando la viabilidad de una demanda por daños y perjuicios contra el Registro Civil de Melilla. “No vamos contra ningún funcionario en particular”, aclara Juanjo, “pero alguien tiene que asumir que un error así no puede quedar en una simple nota marginal en el registro. Queremos que se cancele ese asiento erróneo para evitar futuros problemas. La huella digital de que mi madre ha fallecido sigue ahí”.

Gil recuerda que el artículo 41 de la Ley del Registro Civil de 2011 prevé la cancelación de los asientos erróneos y esa es la vía que seguirán. También han elevado quejas ante el Ministerio de la Presidencia y el Defensor del Pueblo. “Queremos que esto sirva de precedente para que se tomen medidas correctoras. Que no vuelva a pasar”.

“Yo he perdido noches de sueño, he tenido que tomar ansiolíticos. Escribir decenas de instancias, pedir favores, perder horas de trabajo… Todo porque un sistema que debe protegerte, te borra por error y luego te exige que luches por tu propia existencia”, ha concluido Juanjo Florensa. “Si este testimonio sirve para que alguien reflexione y se mejore el sistema, habrá valido la pena”.

Un caso que evidencia las grietas de una Administración sobrecargada, digitalizada, pero a menudo incapaz de rectificar sus propios fallos. Porque morir en vida, por error, también es una tragedia.