La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, pide a los 46 Estados miembros que no normalicen las expulsiones en caliente de refugiados, demandantes de asilo e inmigrantes en sus fronteras.
"Los Estados no pueden llevar a cabo estas violaciones, negar incidentes documentados e irregularidades de la policía y los agentes de fronteras, ni condonar silenciosamente la normalización de prácticas ilegales de otros", subraya en un informe publicado este jueves por la comisaria.
En el documento, que se refiere a "cuatro áreas de acción urgente para poner fin a las violaciones de derechos humanos en las fronteras de Europa" reclama "parar toda forma de expulsión en Europa y evitar que se repitan".
Para Mijatovic, invertir la progresión de las llamadas "pushbacks" (devoluciones) requiere implementar obligaciones en materia de derechos humanos, transparencia en el control de fronteras, y acción común de gobiernos y parlamentarios contra las expulsiones.
Uno de los casos destacados en el informe es una sentencia sobre España de 2014 de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rectificó el fallo de Sala y avaló las "devoluciones en caliente" a Marruecos de dos inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla de Melilla.
Mijatovic señala que el fallo abordaba prácticas que se llevan a cabo desde hace tiempo en España, que califica de "graves".
Sobre todo, critica "la falta de garantías apropiadas contra la devolución en la legislación".
La comisaria recomienda que no se decida ninguna expulsión sin que antes se proceda a una identificación individual y sin que la persona tenga la oportunidad de presentar alegaciones contra su expulsión.
Insiste en que se reconozca "explícitamente" que "las expulsiones y las violaciones de derechos humanos asociados son un problema paneuropeo que requiere el compromiso de todos los Estados miembros".
Para los parlamentarios nacionales, su mensaje es que se nieguen a "adoptar cualquier medida que no cumpla con las garantías clave del acceso al asilo, la prevención de la devolución, la prohibición de las expulsiones colectivas y la posibilidad de recurrir".
Mijatovic pretende alertar de "la naturaleza generalizada de las devoluciones y la nueva tendencia de los Estados miembros, que intentan eludir su responsabilidad para seguir cometiendo impunemente estas violaciones de derechos humanos".
