El comisario de Derechos Humanos, en una carta dirigida a Interior, pide que se ponga en marcha un protocolo policial para gestionar flujos de personas y garantías fundamentales de los inmigrantes.
El Consejo de Europa vuelve a poner el acento en los rechazos en frontera en la valla de Melilla. De hecho, a través de una carta enviada al Ministerio del Interior el pasado 1 de julio, el comisario de Derechos Humanos de esta institución continental, Nils Munižnieks, pone de manifiesto su preocupación porque asegura que se han producido “expulsiones de personas sin procedimiento de identificación o evaluación de protección” en “varias ocasiones en Melilla y Ceuta”. En concreto, dice tener material gráfico en el que se aprecia cómo se llevan a cabo estas ‘devoluciones’ en la ciudad caballa el 4 y el 18 de junio.
El responsable de esta institución con sede en Estrasburgo señala que visitó Melilla a principios de 2015 y destacó la necesidad de que España pusiera en el “contexto” de las obligaciones con los Derechos Humanos su gestión de los flujos migratorios.
Asegura que retiró esta determinación cuando vio, en febrero de este año, que el Congreso aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno a establecer unas “garantías adecuadas” para que todas las personas tuvieran derecho a solicitar y tener asilo.
Protocolo en la valla
Sin embargo, explica que dados los casos de “devoluciones sumarias” de los que ha tenido conocimiento, insiste ahora en que se desarrolle un protocolo policial, en concreto para los agentes de la Guardia Civil, para que garantice que se combina la gestión de los “flujos mixtos” de refugiados y migrantes con el cumplimiento de los Derechos Humanos.
Por lo tanto, el comisario del Consejo de Europa, en su carta al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, indica que España debe garantizar mediante este marco de actuación para la Benemérita que cumple con los compromisos en cuanto a garantías internacionales marcadas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El propio titular de Interior ha respondido a esta carta indicando que el Gobierno “honra” y cumple estas obligaciones.
Acceso a abogado, asistencia médica e intérprete
El pasado 1 de julio, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, remitió una carta al ministro del Interior instando al Gobierno a que ponga en marcha un protocolo para la Guardia Civil que garantice que se respetan los Derechos Humanos en la gestión de la frontera. Entre los puntos que Muižnieks hace hincapié es en ofrecer ciertas garantías a los refugiados y migrantes, como el hecho de poder solicitar y obtener asistencia letrada o tener acceso a un intérprete y a atención médica. Asimismo, el comisario de esta institución continental asegura que las personas, antes de ser expulsadas, deben tener una evaluación personalizada sobre si cuentan con un perfil que requiera protección internacional.
Por otra parte, el titular de Derechos Humanos del Consejo de Europa asegura que el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) contempla la posibilidad de llevar a cabo un recurso efectivo para impugnar cualquier violación del mismo, si las personas afectadas consideran que son víctimas de una vulneración de esta normativa.
Hay que recordar que España, al igual que el resto de los 47 Estados que integran el Consejo de Europa, ha suscrito el CEDH, por lo que la carta de Muižnieks sirve para, según se recoge en la misma, instar al Gobierno a que cumpla con estas obligaciones, algo que el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que se está haciendo.
