Gregorio Escobar deja la Secretaría General del PSOE en Melilla. La noticia de su marcha no sorprende a nadie. La única incógnita era cuándo haría efectivo su adiós y abandonaría el cargo de máxima responsabilidad que ocupaba en el partido.
Finalmente, la despedida ha sido el 27 de mayo de 2015, un día después de que el Partido Popular hiciera público el auto de apertura de juicio oral contra él y el resto de acusados que forman la treintena de responsables políticos del PSOE y CpM que se sentarán en el banquillo por el ‘Caso del Voto por Correo’.
Todavía no se conoce la fecha en la que comenzarán las declaraciones ante el tribunal de la Audiencia Provincial. Mientras llega el momento, Escobar, como el resto de los acusados, continuará estando señalado por el dedo, como lo viene estando durante la mayor parte de los siete años que se ha prolongado la instrucción del sumario. Esta incomprensible lentitud de la Justicia, sobre todo durante los últimos meses, supone para los acusados una pena añadida a la que deberán cumplir si son declarados culpables o una condena gratuita si finalmente son considerados inocentes. ¿Cómo se resarcirá entonces a los procesados por este castigo extra? Probablemente de ninguna manera. La justicia en nuestro país es exasperadamente lenta y todos los ciudadanos tenemos que sufrirla en mayor o menor medida con independencia de nuestra condición de víctimas o culpables. Nuestra única esperanza es que además de lenta no sea torpe y que, al menos, aunque tarde, acierte en su veredicto.
El ‘Caso del Voto por Correo’, antes de si quiera plantearnos cuándo habrá una sentencia, ya se ha llevado por delante varias carreras políticas. La presunción de inocencia en el caso de los responsables de los partidos y cargos públicos normalmente se entiende como ‘presunción de culpabilidad’ y no es una garantía para el procesado de que sus derechos se mantienen intactos. En su caso la presunción de inocencia es en sí misma, en la mayoría de las ocasiones, un mazazo mortal para cualquier carrera política.
Gregorio Escobar y el resto de los acusados ya han sido condenados antes de llegar a sentarse en el banquillo. No sólo su imagen pública está por los suelos, sino que todos ellos también han visto seriamente afecta su vida familiar y en algunos casos está cuestionado su futuro y posibilidades profesionales.
Si cometieron los hechos de los que se les acusa y el tribunal considera que existen suficientes pruebas como para declararlos culpables, la mayoría ingresará en prisión, tendrá que pagar importantes multas y hacer frente a su responsabilidad civil con sumas aún mayores. Sin embargo, la petición de penas de la Fiscalía no incluye el permanecer años a la espera del inicio de un juicio, con todo lo que ello supone, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se juzgan y las consecuencias que pueden tener para los acusados.
Por desgracia, el ‘Voto por Correo’ es sólo uno de los muchos casos en los que los procesados, por el simple hecho de serlo, empiezan a cumplir ‘condena’ desde el mismo momento en que adquieren esa condición judicial, paradójicamente creada para garantizar unos derechos que son pisoteados de inmediato. Víctimas de esta justicia que se mueve a la velocidad de un gasterópodo las hay de todos los colores. En el otro lado del espectro político ya cumplen ‘condena’, por ejemplo, los imputados en el ‘Caso Ópera’, que ni siquiera saben si algún día llegarán a sentarse en el banquillo.
