La Ciudad ha presentado un recurso de alzada a la Inspección de Trabajo, y ambos recuerdan que la Ley de Contratos permite la externalización de servicios de la Administración.
Tras las acusaciones del líder socialista melillense, Dionisio Muñoz, sobre el supuesto fraude de las contrataciones de la Dirección General de la Sociedad de la Información, dependiente de la Consejería de Presidencia, “avalado” por la Inspección de Trabajo, sus responsables, Abdelmalik El Barkani y Pablo Martínez, comparecieron en rueda de prensa para aclarar que, en todo momento, “las contrataciones han contado con el aval de los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma” y que, además, la resolución de la Inspección de Trabajo al respecto ha sido recurrida. Cabe recordar que esa resolución ordena el alta en régimen general en la Seguridad Social a ocho empleados que, como autónomos trabajan para la Ciudad.
Tanto El Barkani como Martínez sostuvieron que las contrataciones realizadas desde el área de la Sociedad de la Información son “legales” puesto que la Ley de Contratos permite realizar esta modalidad de contrato por prestación de servicios “para mantener la eficiencia de los servicios que estamos ofreciendo a la ciudadanía que son cada vez más”, aseguró su director general. Además, Martínez recalcó que las contrataciones “las propongo yo y nadie va a hablar con el consejero sobre estos temas”.
En este sentido, aseguró que “no hay nada anormal” en las citadas contrataciones y todas están justificadas en cuanto a las “necesidades” del área y, en calidad de funcionario de la Administración local, aseveró que “mi intención está lejos de que estas personas u otras entren en la Ciudad por la puerta de atrás”, como aseguraba el líder socialista local. De hecho, recalcó que los servicios de la Sociedad de la Información son cada vez “más amplios y complejos” que tienen unas características especiales como turnos de noche y de fines de semana.
Por ello, “es normal y regular que las Administraciones, empresas y bancos externalicen algunos servicios porque abaratan los costes”, explicó Martínez, y porque no se pueden realizar todas las convocatorias públicas para cubrir estos puestos de trabajo, ya que “precisamente el Estado también pone unos límites a la hora de convocar oposiciones”.
Relación con Serglobin
Una vez más, El Barkani explicó que las adjudicaciones de las que se ha visto beneficiada la empresa Serglobin en los últimos ejercicios “no han sido a dedo”, en relación a las partidas relacionadas con el Plan Avanza del Estado. “En todas las convocatorias han sido por concurrencia competitiva en las que o bien era la única empresa que se presentaba o bien la mejor oferta”, recordó y añadió que la Comisión de Seguimiento, en la que está presente también el Ministerio de Industria, dio el visto bueno a estas adjudicaciones.
Martínez aclaró también que estos ocho trabajadores “algunos vienen de Serglobin y otros no”. De hecho, destacó que algunos de estos empleados “son autónomos que facturan a otras empresas o clientes y ahora se ven en una situación de incertidumbre” hasta que se resuelva el recurso por la vía administrativa y no descarta acudir a los tribunales para defender la legalidad de estas contrataciones. “Estamos creando empleo porque no todos pueden ser funcionarios”, aclaró nuevamente Martínez.
Por su parte, El Barkani aseguró que las contrataciones que se han venido haciendo en los últimos años “han sido, y nadie lo pone en duda, las que han permitido la evolución de la Sociedad de la Información en Melilla”.
Así pues, no negaron la resolución emitida por la Inspección de Trabajo en un procedimiento, recordaron, “iniciado por una denuncia del PSOE de Melilla”, y que “ha considerado que estos trabajadores por cuenta propia sean por cuenta ajena”.
