El delegado del Gobierno responde al líder de CpM que los agentes de la Guardia Civil son los primeros que prestan atención humanitaria a los inmigrantes que entran de forma ilegal.
El delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, señaló ayer que no se puede confundir el hecho de prestar ayuda humanitaria con interferir en la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en referencia al juicio que se celebró este miércoles en la ciudad, en el que se acusaba al líder de Coalición por Melilla (CpM), Mustafa Aberchán, y al máximo dirigente de Prodein, José Palazón, de desobedecer a la autoridad durante la entrada masiva de subsaharianos por la valla del pasado 25 de abril.
El delegado del Gobierno recordó que cuando hay entradas de inmigrantes irregulares en nuestra ciudad siempre se les prestan primeros auxilios. De hecho, recalcó, que lo habitual es que sean los propios agentes de la Guardia Civil los primeros en dar esta ayuda a los subsaharianos. Y aclaró a Aberchán que no tiene nada que ver el hecho de prestar ayuda a estas personas, con el de entorpecer la labor que tienen que desarrollar los policías para cumplir con la legalidad.
El delegado señaló que a veces hay personas, que aún queriendo ayudar comenten errores que tienen que evitarse. No obstante, El Barkani apuntó que el hecho de que Aberchán se equivocara en su actuación de la noche del pasado 25 de abril, no quiere decir que lo hiciera con mala intención.
Hay que recordar que aquella noche se produjo un salto masivo a la valla, y parte de los inmigrantes que consiguieron entrar en nuestra ciudad se refugiaron en la rampa de la entrada de la casa del cepemista. Cuando Aberchán llegó a su casa acogió en el interior a estos inmigrantes, supuestamente para prestarles ayuda humanitaria. El líder cepemista acusó a la Polícía Nacional y guardia Civil de “salvajes agresiones” contra los inmigrantes. Finalmente los subsaharianos fueron escoltados por las Fuerzas de seguridad, hasta el CETI.
El miércoles se celebró un juicio en el que cinco guardias civiles se presentaron como denunciantes. La Fiscalía pidió una multa de 600 euros para cada uno de los denunciados por una falta de desobediencia leve a la autoridad. Las defensas de Aberchán y Palazón pidieron la absolución al considerar que no se ha probado la conducta desobediente, por los “defectos procesales" e incluso por la posible prescripción de la falta al ser comunicada la denuncia siete meses después de los hechos.
