Marea Negra dice que “no se puede hacer campaña electoral” con los intereses de la seguridad privada.
“Si el delegado del Gobierno no cree que los vigilantes de seguridad del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tengan que ir armados, entonces está pidiendo que no se cumpla la Ley”. Así se pronunció ayer en declaraciones a este periódico José Antonio Carbonell, vicepresidente de la asociación en defensa del sector de la seguridad privada Marea Negra.
Carbonell se puso ayer en con El Faro al hilo de los artículos publicados en los que tanto el delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, como ONGs y partidos políticos, se posicionaron en contra de sus palabras que pedían que los vigilantes de seguridad del CETI portaran armas.
“Me parece muy fuerte que el delegado diga eso”, señaló también el representante de esta asociación, que invitó a El Barkani a “que se ponga un uniforme y pase cuatro o cinco días lidiando con este servicio” para que compruebe las condiciones de trabajo.
Campaña electoral
“Desde el Gobierno dicen que la seguridad privada es un complemento, pero eso es una pantomima. Lo tratan como un negocio puro y duro con el que se ahorran dinero”, apunta también el vicepresidente de la asociación, que aseguró que considera que se está haciendo “campaña electoral” a costa de los derechos de los empleados de la seguridad privada” y en este caso concreto, de los del CETI.
Asimismo, Carbonell tachó las palabras de El Barkani de “populistas” y “oportunistas”, ya que considera que si el Gobierno formado por miembros de su propio partido sacó adelante la Ley 5/2014 para la seguridad privada, no entiende por qué después se muestra en contra de que ésta se aplique en su totalidad.
Residentes y vigilantes
Por otro lado, el vicepresidente de Marea Negra aseguró que si proponen que los vigilantes del CETI porten armas durante su trabajo es para “proteger a las personas que están en el centro”, tanto a los trabajadores de seguridad como a los propios residentes de estas instalaciones y la “integridad” de estas personas.
“Si el delegado pide que no se cumpla la Ley, no entendemos por qué el Gobierno dictamina normas para el sector de la seguridad privada”, argumenta también Carbonell.
A este respecto, por tanto, el vicepresidente de esta asociación considera que no es lógico que se tire de vigilantes de seguridad privada dejando a estos trabajadores “desamparados”, por lo que dice que la Ley beneficia “a empresarios y políticos”.
“Las ONGs no miran por nuestros derechos”
En respuesta a los artículos publicados por El Faro en los que diversas ONGs criticaban que Marea Negra pidiera que los vigilantes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) fueran armados, el vicepresidente de esta asociación en defensa de los intereses de los trabajadores de la seguridad privada se puso ayer en contacto con este periódico para criticar que estas organizaciones “no miran por los derechos de los vigilantes, que también son personas”.
“Me parece increíble que ahora las ONGs se nos tiren encima, cuando no he visto a ninguna de estas asociaciones preocupándose por la integridad de los trabajadores de seguridad”, argumenta Carbonell al respecto de las críticas hechas en este diario por la asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).
“Lo que me parece más fuerte es que dejen de lado la integridad de las personas que hacen su trabajo en el centro”, apunta, por otra parte, Carbonell, que también hizo referencia a que, pese a que rechazan que los empleados de seguridad lleven armas, ninguna organización ha salido pidiendo otras medidas protectoras, como chalecos o guantes.
Por lo tanto, el representante de esta asociación indicó que las ONGs no están mirando por los residentes, ya que cree que su propuesta mejora la seguridad del centro en general.
“¿No piensan que en el CETI puede haber yihadismo?”
“Cuando se dice que no es recomendable que los vigilantes de seguridad del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) no vayan armados, ¿no se piensa que el centro pueda albergar una célula yihadista?”. Así se pronunció ayer José Antonio Carbonell, vicepresidente de la asociación en defensa de la seguridad privada Marea Negra, ante la postura en contra de ONGs, partidos políticos y Delegación del Gobierno de que los vigilantes del CETI vayan armados.
“¿Se les ha olvidado que estamos en un nivel de alerta cuatro de cinco que hay?”, apunta también Carbonell, que dice que los refugiados pueden ser “el caballo de Troya” para que personas malintencionadas lleguen a territorio europeo.
Así pues, Carbonell asegura que si sus trámites para que “se cumpla la Ley de seguridad privada”, que según él pasa por armar a los vigilantes, no llegan a buen puerto, se plantea acudir a la Justicia Europea, ya que considera que España incumple una normativa que fue aprobada en 2014.
