El Arzobispado, Cáritas y varias ONGs piden la puesta en libertad de los inmigrantes detenidos y que les den asistencia jurídica
El Arzobispado de Tánger, Cáritas y una decena de ONGs denunciaron ayer la “violencia policial” con la que cientos de inmigrantes fueron alejados la semana pasada de los campamentos del monte Gurugú y de los de las ciudades de Nador, Solouane y Zegangan. Las entidades exigen que los detenidos sean puestos en libertad.
“Las Fuerzas de Seguridad se desplegaron en masa con el propósito de rodear el gran campamento de subsaharianos en el Gurugú”, apuntaron las organizaciones denunciantes en un comunicado de prensa. Asimismo, indican que los agentes detuvieron tanto a los inmigrantes que estaban en el campamento como a los que habían intentado saltar la valla de Melilla aquel día y habían sido devueltos a Marruecos. “Se han llegado a contar más de 700 inmigrantes detenidos, entre ellos tres mujeres y muchos menores en un número que no podemos precisar”, indican.
Las entidades indican que los detenidos fueron trasladados al camping de Karait Arekmane, a unos 20 kilómetros de Nador, desde donde tras ser identificados y fichados, fueron enviados a diferentes ciudades, principalmente en el sur de Marruecos.
El Arzobispado de Tánger, Cáritas y las ONGs denuncian que las Fuerzas Policiales “arrasaron los campamentos y prendieron fuego a todos los efectos personales de los inmigrantes, en su mayoría familias”, afirmaron. “Esta actuación no puede sino agravar el estado de precariedad de las personas inmigrantes que ya padecen un invierno muy frío”, indicaron.
“Tal incremento de la violencia hacia los inmigrantes, bajo el pretexto de liberar a las mujeres de las redes de trata y las detenciones efectuadas sin garantías jurídicas son otras tantas pruebas del tratamiento de la inmigración cercana a los enclaves españoles”, apuntaron.
Sin excusas
“La lucha contra las redes de tráfico de seres humanos no justifica en ningún caso violaciones de derechos humanos”, recalcaron las entidades denunciantes.
Asimismo, en el comunicado las organizaciones que lo firman indican que el fin del proceso de regularización iniciado por Marruecos este año tampoco puede ser una excusa para las redadas llevadas a cabo en el monte Gurugú.
Las organizaciones reclaman la inmediata puesta en libertad de los inmigrantes y piden que les den asistencia jurídica y derecho a un traductor. Asimismo, reivindican que se garantice un trato individualizado a los solicitantes de protección internacional, a los menores y a los enfermos, protegidos por los convenios internacionales.
