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Sube el número de familias en el albergue: el 38,5% de los residentes eran menores de edad
La Consejería de Bienestar Social ha publicado los resultados de los alojamientos alternativos que se ofrecieron a personas en situación de riesgo social durante el pasado año. Se trata del pago de su estancia en una pensión de la ciudad. El 59,62% de las familias que precisaron de esta ayuda era española y un 40,38%, extranjera.
El número de pernoctaciones contabilizadas fue 1.061. Las personas alojadas sin repetición fueron 52, siendo la estancia media por usuario de cinco días y el número medio de noches fue 88.
El albergue
Otro alojamiento alternativo que ofrece la consejería es el albergue San Vicente de Paúl. El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, ya adelantó hace un par de semanas que fueron 169 las personas alojadas en estas instalaciones durante el pasado año, 46 más que en 2016, siendo las pernoctaciones un total de 13.820.
La media mensual de personas que han estado residiendo en este centro es 46 y la de pernoctaciones fue de 1.152. La estancia media por persona alojada es de 82 días, según los datos facilitados por Bienestar Social.
Además, la consejería destaca que el pasado año hubo un incremento de alojamientos de familias y se han recogido datos sobre menores de 18 años residiendo en el centro. Fueron 64 los niños que estuvieron en esta institución, un 38,55% respecto al total.
8.842 usuarios del comedor
El total de usuarios atendidos por mes en el comedor social es de 8.842. Este servicio se concede a personas que se encuentran en situación de riesgo y requieren de una ayuda para solventar la necesidad básica del alimento.
El pasado año se recibieron 881 solicitudes, se concedieron 789 (un 89,56%) y se rechazaron 92 (un 10,44%).
Por otro lado, en 2017 se contabilizaron 579 peticiones de atención a domicilio. Se trata de una ayuda que va dirigida a familias que precisa de una serie de atenciones de carácter personal, psicosocial, educativo, doméstico o técnico en su casa encaminada al fomento de la convivencia. Se registraron 322 usuarios.
La Ciudad destina más de 740.500 euros a sufragar gastos de emergencias sociales
El Programa de Prestaciones Económicas para situaciones de Emergencia Social sirve para paliar las contingencias puntuales y concretas de carácter extraordinario en que se vean inmersas aquellas personas afectadas por una situación de necesidad. Son el último escalón asistencial siempre y cuando las necesidades que tratan de remediar, no pueden ser satisfechas por otros sistemas públicos de protección o por prestaciones asistenciales de carácter periódico, en especial el Ingreso Melillense de Integración (IMI).
En 2017, se tramitaron un total de 1.794 solicitudes de emergencia social en los centros de servicios sociales. El 75,33% se concedieron (1.487) y el 24,67% fueron denegadas (487).
La consejería destinó más de 740.500 euros a esta partida, de los que 396.344,28 euros fueron para nacionales y 344.225,18, para extranjeros.
Del total de las 1.487 solicitudes de emergencias sociales concedidas durante 2017, el 52,66% era peticionarios nacionales y el 47,34%, inmigrantes, mayoritariamente de origen marroquí, señaló Bienestar Social.
Además, la Ciudad explica que hay tres tipos de emergencia social. La primera ayuda es la emergencia social de necesidades básicas. Fueron 1.136 las peticiones por esta causa, un 57,55% del total. De ellas se aprobó un 76,58%.
La segunda aportación es la de equipamiento básico de vivienda. Un 30,24% de las peticiones de los usuarios de la consejería fue para recibir esta aportación. Se realizaron 597 peticiones y de ellas se aprobaron 461, es decir, un 77,22% del total.
Además, está la emergencia social de gastos de endeudamiento. Un 12,21% de las peticiones fue encaminada a este presupuesto. Se presentaron 241 solicitudes y se aprobaron 156, es decir, un 64,73%.
Por otro lado, la consejería ofrece la prestación básica familiar, que es otra alternativa al IMI para ciudadanos que no cumplan con los requisitos de esa ayuda, pero que se encuentren en situación de riesgo. En 2017 se tramitaron 27 solicitudes, se aprobaron 20 (un 74%) y se denegaron siete (25,9%).
