El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, advirtió ayer sobre la presunta prevaricación cometida por la Dirección Provincial de Educación en la escolarización irregular y masiva de decenas de niños marroquíes. De hecho, aseguró que el Partido Popular presentará la semana que viene una querella para que sean los tribunales los que se pronuncien sobre la legalidad de la medida emprendida por los socialistas.
Por el momento, la Delegación del Gobierno no ha logrado convencer sobre la pulcritud del proceso, creando enormes dudas sobre la legitimidad del mismo. Tampoco ayudó el resbalón del responsable del área, Juan Ángel Berbel, al demostrar poco conocimiento sobre la ley cuando abrió la puerta a la escolarización de los hijos de los trabajadores transfronterizos.
Además, la medida ha levantado una polvareda de quejas y alarma entre parte de la población de la ciudad. La inclusión de estos alumnos en unas aulas ya saturadas va a hacer que la calidad de la educación descienda y obligará a los maestros a realizar un nuevo esfuerzo gestionando clases con aun más niños que el curso pasado. No parece lógico que conociendo la carencia de recursos educativos en nuestra ciudad, se introduzcan más de 100 nuevos escolares sin aportar los medios necesarios para que el nivel académico no descienda. No hubo planificación y la decisión se tomó sin tener en cuenta el impacto que pudiera tener, lo cual no es justo ni para los alumnos que ya estaban en los colegios ni para aquellos que se incorporan ahora.
Si finalmente se demuestra que la decisión de escolarizar a estos niños en Melilla, y no en su país, no se acoge a derecho, los responsables no sólo deberán responder ante los tribunales, si no también ante la sociedad melillense y explicar que buscaban con esta medida.
