Hacen referencia al impacto en el empleo del aumento de tráfico de pasajeros en Motril
Dos estudios socioeconómicos de la Universidad de Granada y la opinión del Comité Nacional de la Competencia son los principales argumentos de Motril contra la decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de no admitir su recurso contra el contrato marítimo de Melilla. Así se extrae del auto emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso El Faro, y que ha supuesto la paralización cautelar de la adjudicación del contrato marítimo de Melilla.
La plataforma de Motril aportó un estudio en el que la UGR analiza la generación de empleo en el entorno cercano al Puerto de la localidad granadina como consecuencia del trasporte de viajeros. Asimismo, el Ayuntamiento granadino aporta otro informe, de la misma Universidad, sobre el impacto socioeconómico del tráfico de pasajeros que pasan por las instalaciones portuarias motrileñas. Los argumentos demuestra que, tal y como se ha insistido en numerosas ocasiones desde nuestra ciudad, la plataforma lucha por sus intereses económicos, algo que poco tiene que ver con el sentido de la declaración de las líneas de interés público, cuyo objetivo es garantizar la conectividad en lugares con una situación geográfica peculiar, como es el caso de Melilla.
“Sin daño a Melilla”
La plataforma apunta que su recurso y la suspensión del proceso de adjudicación del servicio de navegación marítima no provoca daño al interés público porque el contrato que garantiza las conexiones con Málaga y Almería puede prorrogarse. Sostienen además que subvencionar estas dos líneas y no la de Motril puede vulnerar la “libre competencia y la ley comunitaria”. En este punto, aporta una comunicación de la Comisión Nacional de Competencia en la que indica que el hecho de que Armas esté prestando la línea de Motril sin ayudas públicas debe llevar a reflexionar sobre la conveniencia de reconsiderar el mantenimiento de la oportunidad y contenido del contrato de servicio público. Indican que para mantener este servicio público habría que analizar su “necesidad y proporcionalidad” valorando el hecho de que hay operadores privados dispuestos a realizar las travesías sin contar con ayudas.
