La Asamblea melillense celebró ayer dos comisiones de una enorme importancia para la ciudad. Por un lado, Medio Ambiente se reunió con el objetivo de informar el pliego de condiciones para el próximo contrato de la limpieza pública, un documento que quedó sobre la mesa por el asunto del millón trescientos mil euros que no están muy definidos y que, si bien inicialmente van destinados a que la plantilla tenga una subida salarial del 15% este año, se presta a interpretaciones diversas.
Tan es así que los trabajadores y los grupos de la oposición están convencidos de que ese 1,3 millones de euros podría embolsárselo la propia empresa adjudicataria del servicio en el caso de que no haya un acuerdo con los representantes sindicales del comité. Y como la cosa no parecía suficientemente clara, el Gobierno, con buen criterio, ha decidido retirar el pliego de condiciones y llevarlo a una nueva reunión de la comisión, que se celebrará el próximo martes a las doce del mediodía con la oportuna rectificación. Es decir, se redactará más claramente la polémica cláusula para que no haya dudas de que ese dinero revertiría a las arcas públicas en el caso de que no haya acuerdo entre empresa y trabajadores.
Este lunes pasado ha sido un día movido políticamente porque también se reunió la Comisión de Hacienda, ésta con el fin de poner en marcha el debate de los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma para este año 2024, cifrados en algo más de 364 millones de euros y que incorporan partidas tan novedosas como la del copago farmacéutico, la contratación de enfermería para los centros docentes de Melilla o la subvención de 600 euros para el alquiler de las viviendas de todos los médicos que quieran venir a trabajar a la ciudad.
Como cabía esperar, las críticas de la oposición no se han hecho esperar. El documento presupuestario fue entregado a esos grupos el pasado viernes, lo cual apenas si daba 48 horas para su estudio y análisis en el seno de los partidos, un tiempo muy escaso, advierten, para poder realizar un trabajo serio y en condiciones de lo que presupuestariamente pretende el Gobierno para este año. Se ha hablado de abuso, de falta de lealtad institucional y un sinfín más de calificativos porque los opositores al Ejecutivo de Imbroda entienden que el PP actúa “de forma dictatorial” y aplica “el rodillo” de su mayoría absoluta para arrinconar a la oposición en algo tan trascendental para los melillenses como es la política que se desarrollará a lo largo de este año que prácticamente acabamos de estrenar.
Los presupuestos se seguirán viendo hasta el próximo viernes, cuando definitivamente y en principio haya que votarlos antes de su remisión al Pleno de la Asamblea. El trámite legal establece que después de su aprobación plenaria inicial tendrá que ser expuesto públicamente durante quince días para la presentación de posibles alegaciones. Éstas serán sometidas a consideración en la Comisión de Hacienda con lo que el presupuesto volvería al Pleno para proceder a su aprobación definitiva, muy posiblemente en la segunda quincena de febrero o comienzos de marzo próximo.
