Cuando en mayo de 1498 don Diego Olea de Reinoso llegó a Melilla, la ciudad apenas llevaba ocho meses incorporada a la Corona de Castilla. El 17 de septiembre de 1497 las fuerzas enviadas por el III duque de Medina Sidonia al mando de su Comendador el jerezano Don Pedro de Estopiñán y Virués, habían ocupado y fortificado la antigua plaza norteafricana.
El próximo año 2027 se cumplirán por tanto: “530 años de aquella histórica efeméride”. Conservar Melilla exigía, sin embargo, algo más que soldados y murallas: necesitaba dinero, abastecimientos y naturalmente una Administración que comprobara cómo se empleaban los recursos, siendo ahí aparece nuestro protagonista con el cometido principal en fiscalizar el cumplimiento de las condiciones de la Corona, controlar la guarnición militar, auditar los gastos y vigilar el suministro de materiales y alimentos para Melilla.
Un Veedor para las cuentas de Melilla
El 13 de abril de 1498 la Corona y el III duque de Medina Sidonia formalizaron el denominado Asiento de Alcalá de Henares-considerado el Primer Presupuesto de Melilla- cuyos originales están depositados en los archivos de la Fundación Medina Sidonia donde se regulaban los medios económicos, humanos y militares necesarios para el mantenimiento y defensa de Melilla.
La Hacienda de los Reyes Católicos debía afrontar importantes gastos y resultaba imprescindible fiscalizar que las cantidades asignadas se aplicasen correctamente. Según documentación que se conserva en el Registro General del Sello del Archivo General de Simancas: “El 12 de mayo de 1498 los Reyes Católicos comunicaron al Duque de Medina Sidonia y a quienes se encontraban en Melilla el nombramiento de Diego Olea de Reinoso – identificado como Alférez de los Continos de la Casa Real- para ejercer como Veedor y contador de la gente de caballo, de a pié y demás huestes existentes en Melilla por mandato de los monarcas.”
El término de “Veedor” resulta hoy lejano, pero su cometido nos es sorprendentemente familiar. El veedor debía ver, comprobar, inspeccionar y dar cuenta. Supervisaba gastos, efectivos, suministros, pagos y necesidades de la plaza, verificando que lo previsto documentalmente coincidiera con la realidad.
En febrero de 1499 los monarcas todavía se dirigen al Alcaide de Melilla - Gómez Suárez de Toledo- y al Veedor Diego Olea de Reinoso para que con otras personas procedan al repartimiento de casas y delimitación de las calles de la nueva ciudad castellana ubicada en el norte de África.
Salvando más de cinco siglos de distancia administrativa y jurídica, podríamos encontrar cierta semejanza entre aquellas funciones y las que actualmente desempeñaría un funcionario del grupo A vinculado a tareas superiores de inspección, intervención, control o gestión económico-financiera, incluidas las desarrolladas en el ámbito de la Agencia Tributaria. Han cambiado los procedimientos, las leyes, la contabilidad y hasta la moneda —entonces el maravedí era unidad de cuenta según lo dispuesto en la Pragmática de Medina del Campo promulgada por los Reyes Católicos del 13 de junio de 1497-. Sus funciones siguen actualmente un principio esencial: “Los fondos públicos deben gestionarse y controlarse”.
Decir que durante el reinado de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se produjo un importante fortalecimiento de los instrumentos administrativos y financieros de la Corona siendo sus instituciones principales la Contaduría Mayor de Hacienda y la Contaduría Mayor de Cuentas. Los recursos financieros de la Corona procedían de diversas fuentes como; alcabalas (antecedente histórico del IVA), tercias reales, derechos aduaneros, rentas arrendadas, servicios extraordinarios y otros ingresos.
La vigencia de la figura del Veedor dentro de la administración de la Corona de Castilla y el Imperio español estuvo vigente hasta el año 1834. En ese año fue bajo la regencia de María Cristina de Borbón que el cargo desapareció definitivamente al ser absorbidas sus funciones por la recién creada Alcaidía y más tarde, por la Inspección General.
Don Diego el primer funcionario civil de Hacienda en Melilla
La figura de Don diego resulta especialmente atractiva desde una perspectiva administrativa. Siguiendo al cronista e historiador y antiguo alcalde- Francisco Mir Berlanga-, Diego Olea puede ser considerado el primer funcionario civil destinado en Melilla relacionado con la Hacienda de los Reyes Católicos, antecedente remoto —con todas las cautelas históricas— de lo que hoy identificaríamos con la Administración de la Agencia Tributaria.
Siendo por tanto uno de los primeros grandes servidores de la Hacienda Real vinculados a la administración de Melilla, cuya relación documentada con la ciudad se prolongó durante más de veinte años (1498-1520).
La comparación adquiere además cierto simbolismo en la Melilla contemporánea, una ciudad cuya realidad social y económica continúa caracterizándose por una notable presencia de empleados públicos de las distintas Administraciones, junto con militares, policías nacionales y guardias civiles.
Más de quinientos años después, el nombre de aquel Veedor permanece en el callejero de nuestra ciudad con la calle Diego de Olea que se encuentra en el barrio de Alfonso XIII y con la Plaza del Veedor que está situada en un escenario mucho más relacionado con su época: el primer recinto fortificado de Melilla la Vieja junto a la calle San Miguel. El solar posee también su pequeña historia pues entre 1727 hasta el año 1940 fue conocido con las denominaciones como Hoyo o Corral de los Carneros y Corral de la Victoria.
Recientemente remodelado por la Consejería de Medio Ambiente finalizadas las obras en abril de 2025, esta plaza constituye hoy un agradable espacio urbano dentro del conjunto histórico. Y aquí surge una curiosa paradoja: la Plaza del Veedor carece actualmente de una placa que la identifique como tal. Quizá colocarla sería un sencillo pero significativo homenaje, la sugerencia de ser trasladada a la Fundación Melilla Ciudad Monumental, porque detrás de aquel nombre se encuentra la memoria de un servidor público que llegó a Melilla en 1498 para hacer algo que cualquier empleado de Hacienda reconocería cinco siglos después: “Comprobar que las cuentas públicas estuvieran en orden y que los recursos de la Corona se emplearan para aquello a lo que habían sido destinados”.
