Doce empresarios llamados a declarar el 5 de marzo en el caso Santiago-Rusadir

Doce empresarios están llamados a declarar el próximo 5 de marzo en el juzgado en el marco del caso Santiago-Rusadir, según han asegurado a El Faro fuentes próximas a la investigación. Las comparecencias se enmarcan en la tercera pieza del procedimiento, centrada en los contratos menores suscritos entre 2019 y 2023, y se producen después de que la instructora haya recibido las transcripciones de conversaciones interceptadas entre dirigentes de Coalición por Melilla (CpM) y varios de los empresarios investigados.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este Diario, los doce empresarios habrían podido participar en un supuesto reparto concertado de contratos menores tramitados por consejeros de CpM durante su etapa en el Gobierno local. El juzgado investiga un total de 364 contratos menores que, según las diligencias abiertas, podrían presentar irregularidades. La citación de estos empresarios constituye un nuevo avance dentro de una causa que continúa ampliándose conforme se incorporan nuevas diligencias y documentación al sumario.

La recepción por parte de la juez instructora de las transcripciones de las conversaciones intervenidas ha sido un elemento determinante para impulsar esta nueva fase de interrogatorios. Dichas comunicaciones estarían presuntamente vinculadas a la adjudicación de los contratos menores bajo investigación. El análisis de ese material se suma a la documentación administrativa y digital ya incorporada a la causa, que examina la tramitación de los expedientes y la participación de las distintas personas investigadas.

Según las diligencias que instruye el juzgado, los empresarios habrían intervenido de diferentes formas en los expedientes analizados. Algunos habrían sido llamados a presentar ofertas con el objetivo de dar cobertura formal a adjudicaciones previamente decididas. Otros habrían participado en los procedimientos a través de sus propias sociedades mercantiles con el mismo propósito. También figuran empresarios que, de acuerdo con las fuentes consultadas por El Faro, habrían sido convocados para concurrir a determinados contratos menores, aunque finalmente no llegaron a formalizar su participación.

La investigación trata de esclarecer si el procedimiento de contratación menor, previsto por la normativa para adjudicaciones de cuantía reducida y tramitación simplificada, fue utilizado de forma irregular mediante un sistema organizado de reparto. El análisis judicial se centra en determinar si existió una concertación previa entre responsables políticos y empresarios para distribuir los contratos y simular concurrencia en los expedientes.

Las declaraciones previstas para el 5 de marzo permitirán a la instructora tomar declaración a los empresarios en relación con su eventual participación en estos hechos y contrastar sus manifestaciones con el resto del material obrante en la causa, incluidas las conversaciones interceptadas. Estas comparecencias se suman a otras ya practicadas dentro de la misma pieza y podrían dar lugar a nuevas diligencias en función del resultado de los interrogatorios.

Las mismas fuentes han señalado que previsiblemente será en abril cuando se levante el secreto que todavía afecta de forma parcial a la tercera de las cinco piezas del caso Santiago-Rusadir. Este secreto limita el acceso público a determinadas actuaciones mientras continúan practicándose diligencias. El eventual levantamiento permitiría conocer con mayor detalle el contenido de las investigaciones desarrolladas hasta el momento en relación con los contratos menores.

El procedimiento judicial se estructura en cinco piezas diferenciadas que abordan distintas líneas de investigación. Además de la pieza relativa a los contratos menores, donde se investigan los 364 expedientes, el juzgado instruye otras cuatro. Una de ellas está relacionada con el voto por correo; otra se centra en el volcado y análisis de evidencias digitales; una tercera investiga subvenciones y contratación mayor; y la quinta aborda una presunta financiación ilegal de CpM.

La pieza relativa al voto por correo constituye uno de los ejes centrales del caso. Esta línea de investigación se centra en una presunta trama relacionada con la gestión y tramitación de votos emitidos mediante esta modalidad en procesos electorales. Tal y como ha informado previamente El Faro, el juzgado ha ido ampliando las diligencias en esta materia, incorporando declaraciones y documentación a medida que avanzaba la investigación. La actuación judicial en esta vertiente dio origen a una parte sustancial de la operación Santiago-Rusadir y continúa su curso dentro del conjunto del procedimiento.

Otra de las piezas se refiere al volcado y análisis de evidencias digitales. Esta parte de la investigación se centra en el examen del material incautado y en la extracción de información relevante para las distintas líneas abiertas. El análisis de estos dispositivos y soportes documentales ha permitido incorporar nuevas actuaciones al sumario, entre ellas las transcripciones de conversaciones que ahora sustentan la citación de los empresarios.

La causa también incluye una pieza relativa a subvenciones y contratación mayor, así como otra sobre una presunta financiación ilegal de CpM. Cada una de estas piezas se tramita de manera diferenciada, aunque todas forman parte del mismo procedimiento judicial. La división en bloques responde a la necesidad de organizar una investigación que, según fuentes consultadas por este Diario, presenta una notable magnitud y complejidad.

En este contexto, otras fuentes han señalado a El Faro que no se descarta la posibilidad de que algunas de las piezas puedan remitirse a otros juzgados de la ciudad para que continúen con la investigación. Esta eventual distribución tendría como objetivo facilitar la tramitación de un procedimiento que acumula un elevado volumen de documentación y actuaciones. “Cada día aparece algo nuevo, esto es interminable”, aseguraron fuentes conocedoras del desarrollo del caso, en referencia a la constante incorporación de nuevos elementos al sumario.

Entre los antecedentes recientes del procedimiento figura la decisión de la juez instructora de iniciar la investigación sobre el interventor de la Ciudad. Esta actuación supuso la ampliación de las diligencias y la apertura de nuevas líneas de análisis relacionadas con los mecanismos de control y fiscalización de los expedientes administrativos bajo examen. La evolución del caso ha estado marcada por la incorporación progresiva de nuevos investigados y por la ampliación del objeto de las pesquisas conforme se han ido detectando nuevos indicios.

En cuanto a los hechos investigados, el caso Santiago-Rusadir abarca distintas conductas que podrían tener relevancia penal en función de cada una de las piezas abiertas. Las líneas de investigación afectan al ámbito de la contratación pública, al proceso electoral y a la financiación de partidos, siempre dentro del marco de las diligencias que instruye el juzgado competente. La determinación concreta de responsabilidades dependerá del resultado de la instrucción y de las decisiones que se adopten en las distintas piezas.

La Fiscalía Anticorrupción participa en el procedimiento, impulsando diligencias y actuando en coordinación con el juzgado instructor en aquellas materias propias de su competencia. Su intervención se enmarca en la naturaleza de los hechos investigados, que afectan a la gestión de recursos públicos y a presuntas irregularidades en distintos ámbitos de la actividad institucional. La presencia de este órgano especializado forma parte del desarrollo ordinario de un procedimiento de estas características.

La citación de los doce empresarios para el próximo 5 de marzo se produce, por tanto, en un contexto de instrucción aún abierta y con varias líneas activas. La investigación sobre los contratos menores pretende esclarecer si existió un reparto concertado y si se utilizaron mecanismos formales para aparentar concurrencia competitiva en adjudicaciones que, según se investiga, podrían haber estado previamente determinadas.

El calendario judicial sitúa ahora el foco en estas declaraciones, que podrían marcar un nuevo punto de inflexión dentro de la tercera pieza del caso. Tras ellas, y en función de su desarrollo, el juzgado podrá acordar nuevas actuaciones. Mientras tanto, el mantenimiento del secreto parcial limita la difusión de determinados detalles hasta su eventual levantamiento.

El caso Santiago-Rusadir continúa avanzando en sus distintas vertientes judiciales, con cinco piezas diferenciadas que abarcan desde la contratación pública hasta el voto por correo, el análisis de evidencias digitales, las subvenciones y contratación mayor, y la financiación de la formación política investigada. La evolución del procedimiento, según las fuentes consultadas, sigue marcada por la incorporación constante de nuevos elementos y por la práctica de diligencias orientadas a esclarecer los hechos.

Con las comparecencias previstas para marzo, mes en que se cumplirán dos años desde los primeros registros y detenciones de los exconsejeros de CpM, la instrucción suma un nuevo capítulo dentro de una causa que mantiene abiertas diversas líneas de análisis y que continúa su desarrollo en sede judicial.